Venezuela notifica a la ONU su retiro formal de la Corte Penal Internacional

El gobierno de Venezuela comunicó oficialmente a la Organización de las Naciones Unidas su decisión de retirarse de la Corte Penal Internacional, un paso formal que activa el proceso de denuncia del Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal con sede en La Haya.

El canciller Félix Plasencia González informó este viernes que, por instrucciones de la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, Venezuela notificó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la CPI, según el procedimiento establecido en el artículo 127 del tratado.

La notificación llega después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobara por unanimidad en diciembre de 2025 una ley para derogar el instrumento mediante el cual Venezuela ratificó su adhesión al Estatuto de Roma hace 25 años, y representa la materialización de una promesa que el chavismo había reiterado en varias ocasiones.

El anuncio diplomático

Según el comunicado difundido por Plasencia en sus redes sociales, la decisión responde a lo que el gobierno venezolano considera un sesgo geográfico demostrado en la actuación de la CPI, que habría concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.

El canciller afirmó que este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer el derecho a la autodeterminación y a la soberanía de los estados. Plasencia calificó la actuación de la CPI como una forma de lawfare que, según dijo, perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano.

El funcionario reiteró el compromiso del gobierno venezolano con una justicia genuinamente equitativa y respetuosa de la soberanía de los pueblos, sin ofrecer detalles sobre los mecanismos alternativos que el país prevé para abordar casos de violaciones de derechos humanos.

El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que un estado parte puede denunciar el tratado mediante notificación escrita al secretario general de la ONU, y que la denuncia surte efecto un año después de recibida la notificación, a menos que se especifique una fecha posterior. Durante ese período, el estado sigue sujeto a las obligaciones del Estatuto.

Antecedentes legislativos

El proceso de retiro comenzó a tomar forma legislativa en diciembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional oficialista aprobó por unanimidad una ley que deroga el instrumento de ratificación del Estatuto de Roma. En ese momento, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que la medida buscaba demostrar y denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje de una institución que, según dijo, solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano.

La ley aprobada por la Asamblea Nacional allanó el camino para que el Ejecutivo procediera con la notificación formal ante la ONU, que se concretó este viernes. El gobierno venezolano ha sostenido que la CPI ha actuado de manera selectiva y que sus investigaciones responden a una agenda política contra países que no se alinean con las potencias occidentales.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, durante el mandato del fallecido presidente Hugo Chávez, y la CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el país o por sus nacionales desde el 1 de julio de 2002. La decisión de retirarse representa un cambio de posición respecto a la política exterior que el propio chavismo mantuvo durante sus primeros años en el poder.

Investigación abierta por la CPI

El retiro anunciado por Venezuela se produce en medio de la investigación abierta por la Fiscalía de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014. La investigación fue iniciada tras una remisión presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, a la que posteriormente se sumaron Uruguay y Ecuador.

La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó la investigación en junio de 2023, y en marzo de 2024 la Sala de Apelaciones rechazó un recurso presentado por el gobierno venezolano contra dicha autorización. La decisión de la Sala de Apelaciones confirmó que la investigación podía continuar, lo que representó un revés judicial para la defensa del estado venezolano ante el tribunal internacional.

La investigación de la CPI abarca el período que va desde 2014 hasta la actualidad y se centra en denuncias de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y otros actos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El tribunal ha señalado que la investigación busca determinar si existen motivos suficientes para procesar a individuos específicos por estos hechos.

El proceso de retiro no implica el cierre automático de la investigación, ya que la CPI mantiene jurisdicción sobre los crímenes cometidos mientras Venezuela era parte del Estatuto, es decir, hasta que la denuncia surta efecto efectivo, un año después de la notificación.

Datos clave

Implicaciones para Venezuela

La salida de la CPI tiene consecuencias jurídicas y políticas significativas para Venezuela. Desde el punto de vista legal, el retiro no exime al estado venezolano de su responsabilidad por crímenes cometidos mientras era parte del Estatuto de Roma, ya que la CPI conserva competencia para investigar y juzgar hechos ocurridos antes de que la denuncia surta efecto.

En el plano internacional, la decisión podría afectar las relaciones de Venezuela con países que han respaldado la investigación de la CPI, así como con organizaciones de derechos humanos que han documentado presuntas violaciones en el país. La medida también podría influir en el debate sobre la legitimidad y efectividad del sistema de justicia penal internacional, en un contexto donde varios países han cuestionado el papel de la CPI.

Para los venezolanos que siguen de cerca los procesos de justicia internacional, el retiro representa un cambio en la posición del estado frente a uno de los tribunales internacionales más importantes del mundo. La decisión se inscribe en una tendencia del gobierno venezolano de rechazar la intervención de organismos internacionales en asuntos internos, una postura que ha mantenido en foros como la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El gobierno venezolano ha argumentado que la CPI ha sido utilizada como herramienta de presión política contra el país, y que la investigación abierta responde a una agenda orquestada por potencias extranjeras. Sin embargo, los países remitentes y organizaciones de derechos humanos sostienen que la investigación busca garantizar justicia para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad.

Reacciones y contexto

El anuncio de Plasencia se produce en un momento de tensión diplomática entre Venezuela y varios países de la comunidad internacional, que han cuestionado la legitimidad del proceso electoral y la situación de los derechos humanos en el país. La decisión de retirarse de la CPI podría profundizar el aislamiento internacional del gobierno venezolano, aunque también podría ser interpretada por sus aliados como un acto de soberanía.

El gobierno venezolano no ha especificado si prevé crear mecanismos nacionales para investigar las denuncias de crímenes de lesa humanidad, ni ha detallado qué alternativas de justicia propone para las víctimas. La ausencia de una propuesta concreta en este sentido podría generar críticas por parte de la comunidad internacional y de organizaciones de derechos humanos.

La notificación formal ante la ONU marca el inicio de un proceso que se extenderá durante al menos un año, período durante el cual Venezuela seguirá siendo parte del Estatuto de Roma y la CPI podrá continuar con su investigación en curso.

Fuente: Monitoreamos – https://monitoreamos.com/destacado/regimen-chavista-retiro-corte-penal-internacional