A un mes del doble terremoto: la respuesta estatal quedó en «desfase crítico» y las comunidades se organizaron por su cuenta

El 24 de junio de 2026, dos terremotos sacudieron varias regiones de Venezuela. Un mes después, el balance de la respuesta oficial revela fallas profundas en la capacidad del Estado para atender una emergencia de gran escala. Oscar Murillo, coordinador general de la ONG Provea, ofreció un análisis detallado a Efecto Cocuyo en el que califica la actuación gubernamental como un «desfase crítico» y señala que la solidaridad ciudadana se convirtió en el principal sostén de las comunidades afectadas.

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Respuesta estatal: maquinaria insuficiente y desorientación

Según informes de organizaciones humanitarias internacionales y nacionales, durante las primeras 90 horas posteriores al sismo el Estado venezolano no logró desplegar una contención efectiva. Murillo explicó que las capacidades operativas disponibles se vieron superadas por la magnitud de los daños. «Lo que vimos fue que por las nulas capacidades operativas disponibles, refiriéndonos a maquinaria, equipo y desorientación en la dirección, el Estado no tuvo capacidad para responder», afirmó.

El coordinador de Provea contrastó la situación con la respuesta durante la vaguada de Vargas de 1999, cuando las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico. «Si comparas el país de 1999 con el de 2026, claramente observas la merma no solamente institucional sino también material del Estado», señaló. La falta de maquinaria pesada impidió abrir vías alternas para llegar a las zonas más afectadas, lo que obligó a los equipos de rescate a concentrarse en las primeras áreas de impacto sin poder avanzar.

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Voluntad del personal, pero sin dotación

Murillo aclaró que las fallas no se debieron a falta de disposición del personal de rescate. Bomberos de varios estados y funcionarios de Protección Civil mostraron voluntad, pero carecían de uniformes, equipos y recursos. «En esas primeras horas, cuando llegaba la ayuda voluntaria o la poca respuesta del Estado, se quedaba en las primeras zonas porque el nivel de impacto fue muy amplio», explicó.

El defensor de derechos humanos, oriundo del estado Bolívar, recordó que los bomberos de Caroní han tenido que realizar colectas comunitarias para atender emergencias cotidianas. Esta precariedad local se agravó durante la catástrofe, y los contingentes internacionales que ingresaron por Maiquetía se convirtieron en los actores principales de la contención.

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Restricciones a la prensa y control de la información

Provea documentó medidas de restricción e incomunicación aplicadas durante la emergencia, como limitaciones al libre tránsito de periodistas hacia las zonas afectadas, detenciones sin orden judicial previa y mecanismos de control en la gestión de la información pública. Murillo vinculó estos patrones a la permanencia del modelo político actual, que «ha continuado por una acción de fuerza y por los hechos ocurridos el 3 de enero», cuando se alteró el tablero institucional.

A pesar de estas restricciones, la ciudadanía activó sus propios canales de asistencia. Miles de voluntarios y puntos de recolección gestionados por universidades, iglesias y vecinos se vieron desbordados de insumos. «La solidaridad se convirtió en el último bastión de los venezolanos ante el abandono del Estado», señaló Murillo.

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Datos clave

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Implicaciones para la vida pública

El análisis de Provea expone la fragilidad de las políticas públicas en Venezuela, especialmente en áreas de prevención y respuesta a desastres. La falta de inversión sostenida en cuerpos de socorro, la descoordinación institucional y la ausencia de un protocolo claro de emergencia afectan directamente la capacidad del Estado para proteger a la población.

Para los venezolanos, este caso subraya la importancia de la organización comunitaria y la cooperación internacional como mecanismos de supervivencia frente a la crisis institucional. La reconstrucción de las zonas afectadas, según Murillo, requerirá no solo recursos materiales, sino también condiciones de garantías para la participación ciudadana y el acceso a la información.

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La reconstrucción como desafío político y social

Murillo advirtió que la tragedia «deja muy claro o desnuda, como un espejo, esa crisis institucional, ese largo periodo de desatención por parte del Estado y la ausencia de políticas públicas». Sectores de la sociedad civil, la Iglesia y la academia buscan incidir en el escenario político para encauzar el proceso hacia una transformación institucional y democrática.

El camino hacia la reconstrucción, sostiene el coordinador de Provea, no puede limitarse a la reparación de infraestructura. Debe incluir la revisión de las políticas de gestión de riesgos, la dotación de los cuerpos de rescate y la garantía de que la respuesta ante futuras emergencias esté libre de controles que obstaculicen la labor humanitaria y periodística.

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Fuente: Efecto Cocuyo – «Oscar Murillo y el doble terremoto: Desfase crítico del Estado desnuda crisis de políticas públicas» (26 de julio de 2026).* URL