Nicaragua se encamina a aprobar reforma electoral que excluye a opositores desnacionalizados

La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el partido oficialista, aprobará el próximo 21 de septiembre en primera legislatura una reforma constitucional que excluye de los procesos electorales a los opositores desnacionalizados, a quienes el régimen de Daniel Ortega califica como «traidores a la patria». La medida, anunciada este sábado por el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, profundiza el control político en el país centroamericano y se da en un contexto de creciente aislamiento internacional y críticas de organismos multilaterales.

El anuncio se produce apenas dos meses después de que Ortega afirmara, el 19 de julio, que en Nicaragua «no volverá a haber elecciones», una declaración que desató una ola de condenas desde la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varios gobiernos de la región, incluyendo Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Chile.

¿Qué dice la reforma constitucional?

La reforma, impulsada por el oficialismo, establece que los ciudadanos nicaragüenses que hayan sido desnacionalizados —una figura aplicada en los últimos años a decenas de opositores, exiliados y críticos del régimen— no podrán postularse ni participar como candidatos en elecciones populares. La figura de «traidor a la patria» queda definida en el texto constitucional como aquella persona que, tras haber sido privada de su nacionalidad por decisión judicial o administrativa, mantenga vínculos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales considerados hostiles por el Ejecutivo.

El titular de la Asamblea, Gustavo Porras, explicó que las consultas sobre las enmiendas comenzaron este sábado en una sesión especial celebrada en el norte del país y que esperan «culminar el próximo primero de septiembre» el proceso de consultas. «El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando», declaró Porras ante los medios estatales.

Para que la reforma entre en vigor, debe ser aprobada en dos legislaturas distintas: la actual y la próxima, que va del 9 de enero al 15 de diciembre de 2027. Esto significa que, incluso si se aprueba en septiembre, su aplicación definitiva no será inmediata, aunque el oficialismo controla ambas cámaras sin necesidad de consenso oposición.

Contexto: la promesa de Ortega de eliminar las elecciones

La reforma constitucional no es un hecho aislado. El pasado 19 de julio, durante un acto público en Managua para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, Daniel Ortega sentenció: «Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder». La declaración, recogida por medios locales y agencias internacionales, marcó un punto de inflexión en la deriva autoritaria del régimen.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, las enmiendas constitucionales previas, aprobadas en 2025, ampliaron el período presidencial, por lo que los comicios estarían previstos ahora para noviembre de 2027. Con la nueva reforma, el régimen busca blindar el sistema electoral contra cualquier posibilidad de alternancia, eliminando de facto la competencia política.

Desde 2017, Ortega gobierna junto a su esposa Rosario Murillo como copresidenta, un cargo que, según Estados Unidos, «se inventó sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad». La comunidad internacional no reconoce la copresidencia de Murillo, quien asumió el puesto tras una reforma constitucional en 2025 que concentró aún más el poder en la pareja.

Reacción internacional y presión de la OEA

El anuncio de Porras se produce una semana después de que la OEA convocara de forma urgente una reunión de cancilleres para abordar la situación en Nicaragua. La convocatoria fue motivada por las declaraciones de Ortega sobre la cancelación de las elecciones y la escalada represiva contra la oposición.

Varios países han expresado su preocupación o rechazo abierto a las medidas del régimen. Entre ellos se encuentran Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador en Managua—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, Uruguay, así como la Unión Europea. El secretario general de la OEA, Alberto Ramdin, y el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también han manifestado su alarma.

Estados Unidos, en particular, ha acusado a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta y ha reiterado que no reconoce la legitimidad del régimen. Sin embargo, las sanciones económicas y diplomáticas impuestas hasta ahora no han logrado modificar el rumbo del gobierno nicaragüense.

¿Qué significa para Venezuela y la región?

Aunque Nicaragua es un país distante geográficamente, el caso resuena con fuerza en Venezuela, donde también se han producido reformas constitucionales y legales que han restringido la participación política de la oposición. La exclusión de candidatos opositores mediante inhabilitaciones administrativas, la falta de garantías electorales y la concentración del poder en el Ejecutivo son fenómenos que comparten ambos regímenes.

Para los lectores venezolanos, el desarrollo en Nicaragua sirve como un precedente regional de cómo los gobiernos autoritarios pueden utilizar reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, eliminar la competencia electoral y silenciar a la disidencia. La comunidad internacional, incluida la OEA y la ONU, ha mostrado una posición crítica, pero hasta ahora sin resultados concretos que frenen la deriva autoritaria.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Fecha de aprobación en primera legislatura | 21 de septiembre de 2026 |
| Período de consultas | Hasta el 1 de septiembre de 2026 |
| Segunda legislatura para entrada en vigor | 9 de enero – 15 de diciembre de 2027 |
| Próximas elecciones previstas (sin reforma) | Noviembre de 2026 |
| Nuevas elecciones previstas (con reforma) | Noviembre de 2027 |

Lo que sigue

La reforma constitucional deberá superar la segunda legislatura en 2027 para ser completamente efectiva. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue evaluando nuevas sanciones y medidas diplomáticas. La OEA ha convocado una reunión de cancilleres para septiembre, cuyas conclusiones podrían incluir desde declaraciones de condena hasta la suspensión de Nicaragua del organismo regional.

Para los nicaragüenses, la reforma significa la consolidación de un sistema sin alternancia política, donde la oposición queda excluida no solo de las urnas, sino de la vida pública. Para los venezolanos, es un recordatorio de cómo los procesos constitucionales pueden ser utilizados para erosionar la democracia desde dentro.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/08/nicaragua-aprobara-reforma-electoral-que-excluira-a-traidores/

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