A dos años del 28J: gremios y sindicatos reclaman democracia, salarios dignos y atención a damnificados

Un grupo de organizaciones sindicales, políticas y de la sociedad civil emitió un pronunciamiento público a dos años de la jornada electoral del 28 de julio de 2024, fecha en la que —según afirman— el voto popular mayoritario no se ha visto reflejado en el ejercicio del poder. El documento, difundido este 28 de julio de 2026, fue firmado por el Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, así como por gremios, centrales sindicales, federaciones y sindicatos no confederados.

La declaración, publicada por el portal Runrunes, fue redactada por Froilán Barrios, del Movimiento Laborista, y se enmarca en el contexto de la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, agravada por los terremotos del 24 de junio de 2026. Los firmantes sostienen que la situación actual combina un desastre natural con un gobierno que califican como «de facto, ilegítimo e inconstitucional», lo que ha profundizado el colapso institucional y la precariedad de la población.

Contexto del pronunciamiento

El 28 de julio de 2024 los venezolanos acudieron a las urnas en unas elecciones presidenciales. Según los sectores que firman este documento, el ganador fue el entonces candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien —afirman— debió haber asumido la presidencia. Sin embargo, a dos años de esa votación, el resultado no se ha concretado, y el país sigue gobernado por Nicolás Maduro, a quien los firmantes del pronunciamiento desconocen como autoridad legítima.

La declaración señala que el 28 de julio «no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad» y que el país entero se levanta «contra la tiranía que despojó al pueblo». Los firmantes exigen «democracia, justicia, libertad y la restitución del Estado de derecho».

El texto también hace referencia al artículo 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto. Para los firmantes, el respeto a ese artículo implica el reconocimiento del triunfo de González Urrutia y su juramentación como presidente, para que lidere un «Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional».

Exigencias concretas sobre salarios, pensiones y derechos laborales

El pronunciamiento no se limita a una declaración política. Incluye un conjunto de demandas sociales y laborales que afectan directamente a millones de venezolanos. Los firmantes exigen «el rescate del valor del trabajo», lo que implica, según el texto, un aumento general y escalonado de salarios y pensiones que dignifique al trabajador y a su familia.

También reclaman la reanudación de los convenios colectivos, la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), así como el respeto a la libertad y autonomía sindical. Además, exigen el cumplimiento de los convenios suscritos por el Estado venezolano con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento señala que el plan de emergencia que propone debe incluir un sistema de seguridad social integral, protección alimentaria, hábitat, vivienda y salud para los damnificados y heridos. También pide atención prioritaria para niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados, «golpeados por el hambre, la escasez de medicinas y la precarización de la familia».

Impacto de los terremotos y la crisis humanitaria

Uno de los elementos que marcan el pronunciamiento es la mención a los terremotos del 24 de junio de 2026, que según los firmantes han dejado «heridas abiertas en todo el tejido social de la nación». Afirman que la combinación del desastre natural con un gobierno que consideran ilegítimo ha convertido a Venezuela en «un Estado fallido».

El texto reconoce la respuesta de la sociedad civil, que, según los firmantes, se activó antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate. Señalan que se crearon miles de centros de acopio en todo el país y agradecen la solidaridad de la comunidad internacional.

Datos clave

Reacción de la sociedad civil y gremios

El pronunciamiento se realizó frente a las sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas y en varias regiones del país. Los firmantes sostienen que es necesario «impulsar un gobierno legítimo, responsable de la conducción del país, que asuma un plan de emergencia nacional».

Entre las exigencias políticas se incluye la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la libertad de expresión, el cese de la censura a los medios de comunicación, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicación de las leyes que, según el texto, fueron dictadas para perseguir a la disidencia.

El documento también aboga por la redemocratización del país, la reconciliación nacional y la reconstrucción del tejido social. Los firmantes llaman a superar «el odio y el resentimiento sembrados desde el poder» y a abrir «caminos de diálogo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana».

Lo que significa para los lectores

Para los venezolanos que siguen de cerca la situación política y social del país, este pronunciamiento representa un recordatorio de que la crisis no se limita a la disputa por el poder, sino que afecta cada aspecto de la vida cotidiana: el poder adquisitivo de los salarios, el acceso a medicinas y alimentos, la seguridad social y las condiciones laborales.

La mención a los terremotos y la crisis humanitaria también subraya la urgencia de una respuesta institucional que, según los firmantes, no está llegando desde el gobierno actual. La sociedad civil y los gremios se posicionan como actores que exigen soluciones concretas, más allá de las declaraciones políticas.

Fuente: Runrunes, «Pronunciamiento sindical a dos años del 28 de julio de 2024», 29 de julio de 2026. https://runrun.es/opinion/616191/28-de-julio/