Trabajadores venezolanos denuncian al Estado ante la ONU por violación de derechos laborales y negación de justicia

Un grupo de trabajadores y la ONG Surgentes han acudido al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para interponer una denuncia contra el Estado venezolano. El motivo principal es la presunta violación de sus derechos fundamentales, específicamente el acceso a la justicia, tras casi tres años de espera sin una respuesta por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a una acción de amparo interpuesta en favor del derecho a un «salario suficiente».

La denuncia, difundida a través de un comunicado por la ONG Surgentes, busca que la ONU declare admisible el caso y reconozca la «imposibilidad material de obtener justicia en el ámbito interno debido a la conducta del Estado». Adicionalmente, se solicita que la organización internacional constate la violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela, a través de una «denegación de justicia continuada».

Entre las medidas de reparación que exigen los denunciantes se encuentran el acceso completo a copias del expediente judicial, la admisión formal de su recurso y un pronunciamiento motivado sobre el fondo por parte del TSJ. Asimismo, instan a que se presione al Estado venezolano para que implemente reformas que eviten el «silencio procesal» en casos similares.

El reclamo tiene su origen el 25 de julio de 2023, fecha en la que los peticionarios interpusieron una acción de amparo constitucional ante el TSJ. El objetivo era obtener protección ante las omisiones del Ejecutivo Nacional en cuanto al incremento del salario mínimo. La acción también cuestionaba la política de «bonificación» de los ingresos, la cual, según los trabajadores, anula de facto el derecho a prestaciones sociales, bono vacacional y utilidades.

«Transcurridos dos años y once meses, el máximo tribunal del país ha respondido con un ‘silencio institucional absoluto'», señalaron las ONG y trabajadores, destacando la inacción del TSJ. Alegan que la Sala Constitucional no ha emitido pronunciamiento alguno sobre la admisión o rechazo del recurso, no ha fijado audiencias y ha obstaculizado «activamente» el acceso de los peticionarios a las copias del expediente judicial.

Antonio González Plessmann, miembro de la ONG Surgentes, resumió la situación con una contundente declaración: «Fuimos al TSJ a que nos protegiera frente a la violación del derecho al salario suficiente y resulta que ahí nos violaron nuestro derecho a la justicia».

Este reclamo se produce en un contexto de profunda preocupación por la situación salarial en Venezuela. Apenas el pasado 30 de abril, la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, anunció un incremento del ingreso mínimo a 240 dólares para trabajadores activos y 70 dólares para pensionados. Sin embargo, este anuncio generó indignación en diversos sindicatos del sector público, ya que el alza se basó en bonificaciones que no impactan positivamente en beneficios laborales esenciales como vacaciones y prestaciones sociales.

La denuncia ante la ONU pone de manifiesto la creciente desesperación de los trabajadores venezolanos ante la falta de mecanismos efectivos para defender sus derechos laborales y económicos dentro del país. La dilación y aparente inacción del TSJ en un caso de esta naturaleza subraya las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a la justicia y obtener respuestas concretas a sus reclamos.

La organización internacional tiene la potestad de investigar la denuncia y, de encontrar mérito, emitir recomendaciones al Estado venezolano. Este tipo de acciones internacionales buscan presionar a los gobiernos para que cumplan con sus compromicios en materia de derechos humanos y laborales, incluso ante la falta de respuestas en el ámbito nacional.

Salarios y Poder Adquisitivo

La problemática de los bajos salarios en Venezuela es uno de los temas más apremiantes para la población. Los montos actuales, incluso con los recientes anuncios de bonificaciones, se encuentran muy por debajo de lo necesario para cubrir la canasta básica alimentaria y de servicios. Esta situación afecta directamente el poder adquisitivo de los ciudadanos, limitando su acceso a bienes y servicios esenciales y generando un deterioro constante en su calidad de vida.

La política de bonificaciones, si bien puede representar un paliativo temporal, no resuelve el problema estructural de la remuneración. Al no incidir en las prestaciones sociales, vacaciones y otros beneficios laborales calculados sobre el salario base, esta estrategia perpetúa la precariedad laboral y desincentiva la formalización y el crecimiento económico.

Acceso a la Justicia

La denuncia ante la ONU también pone el foco en el acceso a la justicia, un pilar fundamental del estado de derecho. La alegada «negación de justicia continuada» por parte del TSJ, evidenciada en el silencio procesal y la falta de acceso a expedientes, genera desconfianza en las instituciones y mina la credibilidad del sistema judicial.

Cuando los ciudadanos no encuentran vías efectivas para defender sus derechos ante los tribunales, se ven forzados a buscar instancias internacionales, lo que puede tener implicaciones diplomáticas y de reputación para el Estado. La comunidad internacional observa con atención estos casos, y las decisiones de organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU pueden ejercer presión para impulsar reformas y garantizar el debido proceso.

Impacto en la ONU

La presentación de esta denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU es un paso significativo. Este comité es el órgano encargado de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Si la denuncia es declarada admisible, el Comité podrá solicitar información al Estado venezolano y, eventualmente, emitir recomendaciones sobre las medidas que debería adoptar para rectificar la situación.

La ONG Surgentes y los trabajadores esperan que esta acción internacional sirva como catalizador para que el TSJ atienda su reclamo y tome medidas concretas para garantizar el derecho a un salario suficiente y el acceso a la justicia. La resolución de este caso podría sentar un precedente importante para futuros reclamos laborales y de derechos humanos en Venezuela.

Datos clave
| Institución/Organización | Acción | Motivo |
|—|—|—|
| Comité de Derechos Humanos de la ONU | Denuncia interpuesta | Violación de derechos laborales y acceso a la justicia |
| Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) | Silencio procesal / Omisión | Falta de respuesta a acción de amparo por salario suficiente |
| ONG Surgentes | Acompañamiento y difusión | Defensa de derechos de trabajadores |

La situación expuesta por estos trabajadores venezolanos resalta la compleja interconexión entre los derechos económicos, sociales y políticos. La garantía de un salario digno es fundamental para el bienestar de los ciudadanos y para el desarrollo de una sociedad equitativa. Asimismo, el acceso a la justicia se erige como un mecanismo indispensable para la protección de todos los derechos. La comunidad venezolana, tanto dentro como fuera del país, sigue de cerca estos desarrollos, esperando que se puedan encontrar soluciones efectivas a la profunda crisis económica y de derechos que atraviesa la nación.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/06/trabajadores-denuncian-ante-la-onu-al-estado-venezolano-por-bajos-salarios/

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