Misión de la ONU pide a Venezuela revocar retiro de la Corte Penal Internacional

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela instó al Gobierno de Nicolás Maduro a revocar su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que crea la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado difundido el 27 de julio de 2026, la Misión expresó que el retiro unilateral suscita serias dudas sobre el compromiso del Estado venezolano con la rendición de cuentas y solo sirve para reforzar la impunidad frente a las violaciones de derechos humanos documentadas durante más de una década.

El pronunciamiento se produce en un momento en que la CPI mantiene abierta una investigación preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, iniciada en 2018 por la Fiscalía de la Corte. La salida del Estatuto de Roma, anunciada por el Gobierno venezolano el pasado 25 de julio, entraría en vigor un año después de la notificación formal, según el artículo 127 del tratado. Sin embargo, la Corte conserva competencia para investigar hechos ocurridos mientras Venezuela era parte del Estatuto, es decir, hasta la fecha efectiva del retiro.

Contexto del retiro venezolano de la CPI

Venezuela se adhirió al Estatuto de Roma en 2000, bajo el gobierno de Hugo Chávez, y ratificó su membresía en 2005. Desde entonces, la CPI ha examinado denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente tras las protestas de 2014 y 2017. En 2018, la entonces fiscal Fatou Bensouda abrió un examen preliminar que, en 2021, derivó en una investigación formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno.

El anuncio de retiro no es el primero: en 2019, el Gobierno venezolano ya había denunciado el Estatuto de Roma, pero la medida no se concretó. En esta ocasión, la Misión de la ONU considera que la decisión busca eludir los mecanismos internacionales destinados a impulsar la rendición de cuentas en el ámbito nacional.

Qué dice la Misión de la ONU

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos fue creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2019 para investigar las violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014. En su último informe, de septiembre de 2025, documentó ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias, y concluyó que existían motivos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad.

En su declaración del 27 de julio, la Misión subrayó que el retiro de la CPI no exime a Venezuela de su obligación de investigar estos hechos a nivel nacional. «Hasta la fecha, la administración venezolana no ha adoptado ninguna medida significativa para avanzar en las investigaciones sobre las graves violaciones e ilícitos internacionales ampliamente documentados», afirmó el organismo. Por ello, instó al Gobierno a revocar la decisión y a cooperar plenamente con todos los mecanismos internacionales de justicia y derechos humanos, incluida la propia Corte.

Implicaciones para Venezuela y la comunidad internacional

La salida del Estatuto de Roma tiene repercusiones políticas y jurídicas tanto dentro como fuera del país. Para los venezolanos que buscan justicia por violaciones de derechos humanos, el retiro reduce las vías internacionales de rendición de cuentas, aunque no las elimina por completo. La CPI aún puede investigar crímenes cometidos antes de la fecha efectiva del retiro, y la comunidad internacional, incluidos países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, han señalado que mantendrán la presión diplomática.

La Misión de la ONU también recordó que el derecho internacional exige que los Estados investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad mediante procesos nacionales que cumplan con estándares internacionales. En Venezuela, la Fiscalía General ha abierto pocas causas por estos delitos, y organismos de derechos humanos han denunciado falta de independencia judicial.

Datos clave

Reacciones y próximos pasos

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno venezolano no había respondido públicamente al llamado de la Misión de la ONU. La Cancillería, que el 25 de julio justificó el retiro como una «defensa de la soberanía nacional», no se ha pronunciado sobre la solicitud de revocatoria. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han rechazado la medida y respaldado el pedido de la ONU.

La decisión final sobre el retiro dependerá de la Asamblea Nacional, que deberá ratificarla o rechazarla. El oficialismo controla el Parlamento, lo que hace probable que la salida del Estatuto de Roma se concrete dentro de un año. Mientras tanto, la CPI continúa su investigación y ha solicitado información a Venezuela en varias ocasiones sin obtener respuesta sustancial.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/07/cpi-venezuela-retiro-onu-mision-derechos-humanos/