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Un nuevo fallecimiento se produjo bajo la custodia del Estado venezolano. Jhorman Javier Farfán Hernández, un recluso de 31 años, murió el miércoles 10 de junio en el Internado Judicial Yare III, en el estado Miranda. Este suceso eleva a 23 el número de presos fallecidos bajo responsabilidad estatal desde el pasado mes de abril, de acuerdo con el monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Condiciones de reclusión y salud

Farfán Hernández, oriundo de Carúpano, estado Sucre, había sido trasladado a Yare III el pasado 5 de febrero. Según informó una fuente a El Pitazo, la causa de su muerte fue un edema y hemorragia intracraneal no traumática.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha alertado en repetidas ocasiones sobre el grave deterioro de la salud de los reclusos debido a las precarias condiciones de reclusión. La organización ha denunciado que la falta de asistencia médica adecuada y las condiciones insalubres constituyen «una forma de tortura institucionalizada y un trato degradante que viola la ley y los estándares internacionales».

Reconocimiento oficial de la crisis penitenciaria

Tras años de negar o minimizar las denuncias, el discurso oficial ha comenzado a reconocer el colapso del sistema penitenciario venezolano. Recientes declaraciones del ministro de Interior, Diosdado Cabello, el fiscal Larry Devoe y la defensora del pueblo, Eglée González Lobato, admiten las fallas que el OVP ha documentado durante décadas, incluyendo el retardo procesal, el hacinamiento crónico y un sistema penal que afecta desproporcionadamente a los sectores más pobres del país.

El OVP considera alarmante que este reconocimiento ocurra después de que miles de personas hayan sido afectadas por un sistema que las propias autoridades confiesan que no funciona.

Datos clave sobre la población penitenciaria

Las cifras oficiales reveladas por el fiscal Larry Devoe son contundentes y ponen de manifiesto la magnitud de la crisis:

Un dato especialmente grave aportado por Devoe es que el 75% de los condenados admitió los hechos. La ONG advierte que, en un contexto de escasez de alimentos y agua, declararse culpable puede convertirse en una estrategia de supervivencia para escapar del «infierno del encierro», más que una decisión jurídica. Esta realidad golpea a los más vulnerables, ya que el 70% de la población penitenciaria proviene de los sectores más pobres del país.

Exigencias a la Defensoría del Pueblo

Ante este panorama, el OVP ha dirigido sus exigencias a la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato. La organización considera que su reconocimiento de la crisis de presos políticos y comunes no es suficiente. Por ello, insta a la Defensoría a pasar de los diagnósticos a las acciones concretas, distanciándose de la gestión anterior de Alfredo Ruiz, que acumuló denuncias de tortura y violaciones de derechos humanos sin ofrecer soluciones efectivas.

La situación de los reclusos en Venezuela es un reflejo de las profundas deficiencias del sistema judicial y penitenciario, con graves implicaciones para los derechos humanos y la dignidad de las personas privadas de libertad. La falta de atención médica, el hacinamiento y la lentitud judicial contribuyen a un ciclo de sufrimiento y vulnerabilidad para miles de venezolanos y sus familias.

Fuente: El Pitazo – https://elpitazo.net/politica/muere-otro-preso-bajo-custodia-del-estado-en-la-carcel-de-yare-iii/