EE. UU. y el dilema de reconocer liderazgos en Venezuela: ¿Asamblea de 2015 o el futuro post-2024?

La política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela atraviesa un momento de reflexión y debate sobre la legitimidad de los interlocutores reconocidos en el país. La persistente referencia a la Asamblea Nacional electa en 2015, a pesar de los eventos políticos posteriores, especialmente las elecciones presidenciales de 2024, genera interrogantes sobre la estrategia de Washington para impulsar una transición democrática y la recuperación de Venezuela.

El respaldo reciente del secretario de Estado, Marco Rubio, a un comunicado de la Asamblea Nacional de 2015, y el apoyo de la Embajada de EE. UU. para Venezuela a iniciativas conjuntas con el gobierno interino, han reavivado la discusión. Sectores venezolanos, más allá de alineamientos ideológicos, cuestionan por qué la Casa Blanca continúa basándose en un parlamento cuya legitimidad fue reconocida hace más de una década, mientras los resultados y las controversias derivadas de los comicios presidenciales de 2024 parecen ocupar un segundo plano en el discurso oficial estadounidense.

La Asamblea Nacional de 2015 fue, durante años, considerada por diversos gobiernos occidentales como la última institución venezolana elegida bajo estándares democráticos aceptables. Este reconocimiento se consolidó como un pilar de la estrategia internacional para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, el escenario político venezolano ha experimentado transformaciones profundas.

Elecciones 2024 y sus secuelas

Las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 marcaron un nuevo punto de inflexión. Tras el anuncio de los resultados oficiales, se registraron protestas en varias regiones del país. Organizaciones de derechos humanos documentaron denuncias sobre represión, detenciones y presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, hechos que agudizaron la incertidumbre política y social en una nación marcada por el éxodo masivo de millones de ciudadanos.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) señala que la evolución de la coyuntura política sigue siendo un factor determinante en las dinámicas migratorias de la región. La crisis poselectoral se suma a la discusión sobre la continuidad del Poder Ejecutivo.

Legitimidad institucional en debate

El pasado 3 de julio se cumplieron 180 días desde el inicio del período presidencial correspondiente a 2025, un lapso que algunos constitucionalistas consideran relevante para evaluar las consecuencias jurídicas derivadas de la controversia sobre la investidura presidencial y el ejercicio de funciones del Ejecutivo.

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia Blanca Rosa Mármol ha sostenido que los plazos constitucionales para la juramentación presidencial ya se habrían agotado, lo que, a su juicio, profundiza la crisis de legitimidad institucional. En un mensaje en la red social X, Mármol expresó: “Es la hora de la ciudadanía. Reunidos en asambleas a todo lo largo y ancho del país, lleguemos a una sola decisión vinculante: una Junta de Gobierno para conducir al país hacia elecciones libres y la libertad de los presos políticos. No hay presidente.”

Esta interpretación coincide con la de otros especialistas y dirigentes políticos que consideran que la controversia surgida tras las elecciones presidenciales de 2024 continúa sin una solución ampliamente aceptada, manteniendo abierto el debate sobre la legitimidad de las instituciones.

El factor humanitario y la soberanía

A este complejo entramado político se sumó la emergencia provocada por los recientes terremotos que afectaron al país. La catástrofe puso a prueba la precaria infraestructura del Estado y evidenció sus debilidades operativas, recayendo el peso de la respuesta inmediata en la sociedad civil y las organizaciones locales.

En este contexto, trascendieron reportes sobre una eventual participación más directa de Estados Unidos en la administración temporal de la ayuda y la reconstrucción nacional. Sin embargo, dicha posibilidad plantea interrogantes complejas sobre el límite entre la cooperación internacional y la soberanía nacional.

Llamado a la transición

María Corina Machado intervino en el EPP Libertas Forum Madrid 2026, haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para acelerar el respaldo a una transición democrática en Venezuela. La líder opositora afirmó que el país no enfrenta una dictadura convencional, sino una estructura criminal en proceso de debilitamiento, y aseguró que la ciudadanía se mantiene organizada para contribuir al restablecimiento del Estado de derecho una vez se concrete un cambio político.

El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de sus actores internos y de la comunidad internacional para responder a una realidad compleja y en constante transformación. El debate sobre el reconocimiento político, la legitimidad institucional y el papel de Estados Unidos no puede separarse de las demandas de una sociedad que, tras años de crisis, reclama soluciones concretas, transparencia y garantías democráticas.

Datos clave

Más allá de las posiciones diplomáticas, el principal desafío continúa siendo la reconstrucción de un país que necesita recuperar la confianza en sus instituciones y generar condiciones de estabilidad para sus ciudadanos. La nueva etapa que enfrenta Venezuela requerirá no solo decisiones políticas, sino también un compromiso sostenido con la justicia, el Estado de derecho y un proceso de transición que coloque las necesidades de la población en el centro de cualquier acuerdo.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/07/de-2015-al-post-28j-el-dilema-de-washington-para-reconocer-a-los-liderazgos-en-venezuela/