TÍTULO: Argentina solicita la extradición de exmilitar venezolano por delitos de lesa humanidad

TÍTULO: Argentina solicita la extradición de exmilitar venezolano por delitos de lesa humanidad
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EXCERTO: La solicitud de extradición de Ephraín Verdú Torrelles a España por su presunta implicación en crímenes de lesa humanidad en Venezuela abre un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia internacional.
CATEGORY: Mundo
TAGS: crímenes de lesa humanidad, Venezuela, Argentina, extradición, derechos humanos, justicia internacional
SEO_TÍTULO: Extradición de exmilitar venezolano por crímenes de lesa humanidad: La causa argentina
SEO_DESCRIPCIÓN: Detalles sobre la solicitud de extradición cursada por Argentina a España contra un exmilitar venezolano por su presunta participación en delitos de lesa humanidad en Venezuela.
MEDIA_QUERY: Audiencia Nacional de España, Palacio de Justicia, Madrid, España
IMAGE_ALT: Fachada del Palacio de Justicia de la Audiencia Nacional en Madrid, España.

La solicitud de extradición a España del exmilitar venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, quien fuera miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ha abierto un nuevo frente en la búsqueda de justicia para las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La causa, tramitada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, busca procesar a funcionarios venezolanos por graves violaciones a los derechos humanos, independientemente del lugar donde ocurrieron los hechos.

Este desarrollo judicial subraya las crecientes acciones legales internacionales contra el Estado venezolano por supuestas violaciones sistemáticas de derechos humanos, un tema de gran relevancia para la diáspora venezolana y la comunidad internacional interesada en la situación política y social del país.

Investigación Argentina

La causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela es investigada por el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del juez Sebastián Ramos y con la intervención del fiscal federal Carlos Stornelli. La investigación se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, un pilar del derecho internacional que permite a los tribunales de un país juzgar crímenes graves contra los derechos humanos, sin importar la nacionalidad del perpetrador o la víctima, ni el lugar donde se cometió el delito.

Esta vía judicial se inició formalmente en enero de 2023, cuando el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD), una coalición de políticos, diplomáticos, periodistas, académicos y defensores de derechos humanos argentinos, presentó una denuncia penal contra el gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad. La FADD amplió esta denuncia en febrero de 2024, sumando casos como el de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida arbitrariamente en febrero de 2024 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en el aeropuerto internacional de Maiquetía. San Miguel fue presuntamente sometida a desaparición forzada y trasladada al centro de detención El Helicoide.

En septiembre de 2024, el juez Ramos emitió órdenes de captura internacionales contra Nicolás Maduro, su ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, el excomandante de la GNB Justo José Noguera Pietri, y otros 13 funcionarios. Posteriormente, en febrero de 2026, el juez Ramos solicitó a las autoridades estadounidenses la extradición de Maduro, quien había sido capturado por Estados Unidos un mes antes.

Otras Denuncias y Casos Emblemáticos

La iniciativa argentina no ha sido la única. En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) presentó otra denuncia ante la Justicia Federal argentina, solicitando la investigación de violaciones a los derechos humanos en Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad. Esta denuncia se centró en dos casos de presuntos homicidios, cuya identidad de las víctimas se mantuvo reservada inicialmente para proteger a sus familias.

Uno de estos casos es el de Geraldin Moreno Orozco, una estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, quien presuntamente fue asesinada a tiros por agentes de la GNB el 19 de febrero de 2014 en el estado de Carabobo durante una manifestación. El otro caso corresponde a un individuo cuya identidad no ha trascendido, quien habría sido agredido y muerto tras registrar con su teléfono móvil la represión de una protesta el mismo día. Entre los acusados por estos hechos se encuentran 14 oficiales de la GNB, incluido el excomandante Noguera Pietri.

La organización no gubernamental InterJust asumió el patrocinio legal de los querellantes en estos expedientes desde 2026. Es en este contexto que surge la solicitud de extradición contra Ephraín Verdú Torrelles, uno de los denunciados por el crimen de Geraldin Moreno Orozco. En febrero de 2026, tras recibir información de InterJust sobre la presencia de Verdú Torrelles en España, la justicia argentina emitió la solicitud de extradición. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina transmitió formalmente la solicitud a las autoridades españolas, y el Consejo de Ministros español aprobó en marzo de 2026 la continuación del trámite, que actualmente se encuentra en el Juzgado de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 2 de la Audiencia Nacional española.

Apoyo Internacional

Amnistía Internacional se ha sumado a estos esfuerzos, presentándose ante la Justicia argentina en febrero de 2024 para respaldar a los querellantes. A través de una intervención como ‘amicus curiae’ (amigo del tribunal), la organización afirmó la competencia de la justicia argentina para investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Amnistía Internacional ha instado a la colaboración entre Argentina y España para que esta causa avance y las víctimas obtengan justicia.

Datos clave

Relevancia para Venezuela

La causa argentina y la solicitud de extradición de Verdú Torrelles tienen una profunda relevancia para Venezuela y su diáspora. Representan un avance significativo en la lucha contra la impunidad por presuntas violaciones graves a los derechos humanos, un tema recurrente en informes de organizaciones internacionales y en la experiencia de miles de venezolanos dentro y fuera del país.

Para los venezolanos, estos procesos judiciales internacionales ofrecen una vía para buscar justicia ante la presunta inacción o complicidad de las instituciones nacionales. La aplicación del principio de jurisdicción universal demuestra que los crímenes de lesa humanidad no quedan impunes y que los responsables pueden ser llevados ante la justicia, incluso si se encuentran fuera de las fronteras venezolanas.

Además, estos desarrollos pueden tener implicaciones diplomáticas y políticas. La cooperación judicial entre países como Argentina y España en casos de esta naturaleza puede influir en las relaciones bilaterales y en la presión internacional sobre el gobierno venezolano para que rinda cuentas y respete los derechos humanos de sus ciudadanos. Para la diáspora, estos procesos son un recordatorio de que la búsqueda de justicia continúa y que existen mecanismos internacionales para abordarla, ofreciendo un atisbo de esperanza y rendición de cuentas.

Fuente: Efecto Cocuyo – https://efectococuyo.com/internacionales/la-causa-argentina-por-delitos-de-lesa-humanidad-en-venezuela-en-cinco-claves/