Delcy Rodríguez acusa a la Corte Penal Internacional de “agredir a Venezuela” y ratifica retiro del tribunal

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, acusó este viernes a la Corte Penal Internacional (CPI) de “agredir a los pueblos del sur global” y reiteró la decisión del régimen chavista de retirarse definitivamente del organismo. Las declaraciones se produjeron durante un acto de ascensos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Rodríguez afirmó que la CPI “ha acumulado un expediente para agredir al sur global, a los pueblos del sur, incluida Venezuela”. “Creemos en una justicia verdadera, pero en su historial ha acumulado un expediente para agredir al sur global”, señaló. La mandataria encargada subrayó que no cree en ese tipo de institución y que el país apuesta por un “relacionamiento basado en el respeto del derecho internacional”.

La acusación se produce días después de que el canciller del régimen, Félix Plasencia González, informara que Venezuela comunicó a la ONU su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro de la CPI, conforme al artículo 127 del tratado. La decisión fue calificada por el gobierno como “firme e irrevocable”.

La decisión de retirarse

El anuncio formal del retiro se realizó el mismo viernes. El canciller Félix Plasencia González indicó que, por instrucciones de Delcy Rodríguez, Venezuela notificó al secretario general de la ONU, António Guterres, su intención de abandonar el tribunal. Plasencia calificó la medida como un acto de soberanía y una respuesta a lo que consideran una “persecución política” contra Venezuela.

La medida implica que Venezuela dejará de ser parte del Estatuto de Roma un año después de la notificación, según lo establece el artículo 127 del tratado. Durante ese período, el país sigue siendo miembro pleno y debe cumplir con sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

Respuesta de la Corte Penal Internacional

La CPI respondió a la decisión de Venezuela lamentando la renuncia y recordando que el retiro no tiene efectos inmediatos. En un comunicado, el tribunal señaló que Venezuela “seguirá siendo parte del organismo durante un año” y que “mantendrá sus obligaciones de cooperación con las investigaciones y procedimientos ya iniciados en los últimos años”.

La CPI tiene abiertas investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, en el contexto de las protestas y la represión estatal. La fiscalía de la CPI ha documentado casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, aunque el gobierno venezolano ha negado sistemáticamente las acusaciones.

Implicaciones para Venezuela

La salida de la CPI no exime a Venezuela de responsabilidades internacionales. El Estatuto de Roma establece que la renuncia no afecta la cooperación con investigaciones iniciadas antes de la fecha de salida efectiva. Esto significa que la CPI puede continuar investigando los casos abiertos, y Venezuela está obligada a colaborar hasta que el retiro se haga efectivo.

La decisión también tiene implicaciones políticas. Venezuela se suma a una lista reducida de países que han abandonado la CPI, entre ellos Burundi y Filipinas. La medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que la consideran un intento de evadir la rendición de cuentas.

Para los venezolanos, el retiro de la CPI puede limitar las vías internacionales para buscar justicia por violaciones de derechos humanos, aunque el tribunal mantiene su competencia para los casos anteriores a la salida.

Datos clave

Contexto de las relaciones entre Venezuela y la CPI

La relación entre Venezuela y la Corte Penal Internacional ha sido tensa desde 2018, cuando la fiscalía abrió un examen preliminar sobre la situación en el país. En 2021, la CPI abrió una investigación formal, lo que generó fuertes críticas del gobierno de Nicolás Maduro, que calificó el proceso como una “injerencia imperialista”.

En 2023, la fiscalía de la CPI intensificó las investigaciones, presentando pruebas de tortura y persecución política. El gobierno venezolano respondió con una campaña diplomática para desacreditar al tribunal, argumentando que su actuación es selectiva y que ignora los crímenes cometidos por otros países.

La decisión de retirarse de la CPI se enmarca en esa estrategia, aunque la eficacia de la medida es limitada por el período de transición de un año.

Reacciones y próximos pasos

Hasta el momento, no se han registrado reacciones oficiales de la comunidad internacional, aunque se espera que la Unión Europea y Estados Unidos condenen la decisión. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado el retiro como un “golpe a la justicia internacional”.

Para los venezolanos, la noticia puede generar incertidumbre sobre la posibilidad de que los responsables de violaciones de derechos humanos sean llevados ante la justicia internacional. Sin embargo, la CPI mantiene abierta la investigación sobre los casos anteriores, y la obligación de cooperar sigue vigente hasta 2027.

El gobierno venezolano, por su parte, ha insistido en que la decisión es soberana y que el país cuenta con su propio sistema de justicia para investigar los crímenes. No obstante, la falta de independencia judicial y la impunidad han sido denunciadas reiteradamente por organismos internacionales.

Fuente: Monitoreamos – https://monitoreamos.com/venezuela/delcy-rodriguez-acusa-a-la-corte-penal-internacional-de-agredir-a-venezuela