La cifra oficial de 336 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante 2025, reportada por la ONG Provea, podría ser significa

La cifra oficial de 336 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante 2025, reportada por la ONG Provea, podría ser significativamente mayor, alcanzando hasta el doble o triple de lo documentado. Esta advertencia proviene de Keymer Ávila, investigador del Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y director del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en Venezuela (MUFLVEN). Según Ávila, la aparente reducción en los casos no refleja un cese de la violencia institucional, sino una mutación hacia estrategias de control social y represión más selectivas y discretas.

Evolución de la Violencia Estatal

El Estado venezolano ha pasado de un modelo de «letalidad masiva y ruidosa» a uno de represión «más selectivo, discreto e institucionalmente blindado», explicó Ávila en una entrevista con Efecto Cocuyo. Aclaró que el optimismo generado por la disminución de los homicidios, basada en reportes de prensa y ONGs, debe ser matizado. La asfixia mediática y la autocensura en el país dificultan la recopilación de información completa. Ávila estima que, en contextos anteriores donde existía información oficial para contrastar, solo se lograba cubrir un tercio de la realidad.

Factores de la Reducción Aparente

La disminución de casos registrados responde a una coyuntura multifactorial. Ávila identifica una «pacificación negativa» producto de una liberalización económica fragmentada y la consolidación autoritaria. Otros factores incluyen el éxodo migratorio, que ha reducido la población en al menos un 20%, afectando principalmente a hombres jóvenes, quienes son un grupo demográfico clave tanto en la comisión como en la victimización de actos violentos. La necesidad de aparentar normalidad y estabilidad, especialmente en climas electorales, también influye en la gestión de la represión.

Subregistro y Métricas Alternativas

Ávila enfatiza que el monitoreo de organizaciones civiles, aunque encomiable, se basa en gran medida en casos reseñados por la prensa, lo que implica un subregistro considerable. «Cuando se tenía información oficial con la cual se podían establecer contrastes, apenas se lograba cubrir un tercio de lo que realmente sucedía. Así que fácilmente la cifra real puede ser el doble o el triple», advierte.

El investigador señala que menos casos no necesariamente implican menos abusos. En estudios del MUFLVEN, se observó que, concurrentemente con la disminución de casos reportados, aumentaron los abusos y arbitrariedades. Un indicador clave es el porcentaje de muertes por intervención de la fuerza pública dentro del total de homicidios, que en Venezuela alcanza al menos un 20%, una cifra inusualmente alta comparada con otros países.

Otro indicador preocupante es el índice de letalidad (muertos por herido), que en años de disminución de casos ha superado los 50 fallecidos por cada herido, sugiriendo un uso desproporcionado y abusivo de la fuerza letal. A esto se suman la cantidad de víctimas por caso y los altos niveles de impunidad.

Mutación de la Represión

La mutación de la violencia institucional es más selectiva y discreta, pero no menos brutal. Ávila ejemplifica con las detenciones arbitrarias, como las ocurridas en la represión post electoral de 2024, que dejaron más de dos mil detenidos oficialmente reconocidos. Actuaciones intensas y abruptas son difíciles de sostener, y tras causar el impacto buscado de «terrorismo de Estado», la cantidad de casos disminuye porque ya no es necesaria la represión a gran escala.

Esta administración de la represión se asocia con formas de violencia institucional menos visibles pero más agresivas, que afectan otros derechos, como la prolongación de restricciones a la libertad de personas detenidas, impactando su salud, integridad o vida.

Datos clave

La situación descrita por Keymer Ávila tiene implicaciones directas en la vida de los venezolanos. La falta de transparencia en las cifras oficiales y la sofisticación de los métodos de represión dificultan la exigencia de rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos. La percepción de una disminución de la violencia puede enmascarar una realidad de abusos continuos y selectivos, afectando la seguridad y la confianza en las instituciones. Para los ciudadanos, esto significa la necesidad de mantenerse informados a través de organizaciones independientes y de estar atentos a las señales de alerta que puedan indicar un uso indebido de la fuerza estatal.

Fuente: Efecto Cocuyo – https://efectococuyo.com/la-humanidad/keymer-avila-y-las-ejecuciones-extrajudiciales-en-2025-la-cifra-real-puede-ser-el-doble-o-el-triple/