Nuevas Operadoras del INH No Aparecen en Registro de Contratistas del Estado

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH) ha designado a dos nuevas empresas, GBC Gaming, C.A. e Inversiones Tecnobytes 17, C.A., para asumir la continuidad operativa del sistema de apuestas hípicas y deportivas en Venezuela. Sin embargo, una investigación periodística revela que GBC Gaming, la principal receptora de los fondos de estas apuestas, no aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), un requisito indispensable para cualquier entidad que desee contratar con el Estado venezolano.

Este hecho genera interrogantes sobre la transparencia y legalidad del proceso, especialmente considerando que los ingresos generados por las apuestas están siendo canalizados a través de las cuentas bancarias de esta empresa privada. La situación se da tras el cese de operaciones de Corporación Cordialito, que a su vez había sustituido a Corporación El Inmejorable tras la destitución de Antonio “El Potro” Álvarez de la presidencia del INH.

Operatividad en Manos Privadas

Según información difundida por el propio INH el pasado 3 de junio, GBC Gaming, C.A. e Inversiones Tecnobytes 17, C.A. son las encargadas de dar continuidad al sistema de apuestas. GBC Gaming, con RIF J-500291221, fue inscrita ante el Seniat en 2020 y tiene su sede en el edificio de Últimas Noticias, en la avenida Rómulo Gallegos. Aunque el INH ha informado que estas compañías solo prestan soporte tecnológico y que el organismo público mantiene el control directo, los ingresos de las apuestas son dirigidos a cuentas bancarias a nombre de GBC Gaming.

El RIF de GBC Gaming figura como beneficiario en las nuevas cuentas bancarias autorizadas por el INH en los bancos Bicentenario, Bancamiga y Banco del Trabajador, a través de la página apuestas.inh.gob.ve. La discrepancia radica en que el RIF asociado a estas cuentas no corresponde al organismo público, sino a la empresa privada.

Registro Nacional de Contratistas: Un Requisito Incumplido

La legislación venezolana exige que toda empresa que aspire a contratar con el Estado, ya sea mediante licitaciones, concursos o contrataciones directas, debe estar inscrita y habilitada en el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNC), cuyo registro es el RNC. La ausencia de GBC Gaming en este registro contraviene dicha normativa, levantando sospechas sobre la legitimidad de su participación en la operación del sistema de apuestas del INH.

Por otro lado, Inversiones Tecnobytes 17, C.A. sí figura en el RNC y está habilitada para contratar con el Estado en obras y servicios de Investigación y Científicos. Sin embargo, la información disponible en la base de datos del RNC no arroja una amplia trayectoria o años de experiencia para esta compañía como contratista estatal. Su portal web se encuentra actualmente en construcción, lo que limita el acceso a información detallada sobre sus operaciones.

Conexiones y Antecedentes en el Hipismo

El cambio de operadoras en el INH se produce en un contexto de reestructuración del sistema de apuestas hípicas en el país. En abril de 2026, la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip) y la junta liquidadora del INH habían anunciado la sustitución del grupo «El Inmejorable», liderado por Antonio Álvarez, por una estructura vinculada al Grupo El Cordialito.

Fuentes del sector señalan que Pedro López, propietario de El Cordialito, mantenía vínculos con figuras del entorno hípico como Antonio Álvarez y Ángel Pino («El Coco»), de El Inmejorable. Estas relaciones habrían terminado debido a diferencias internas, presuntamente relacionadas con la gestión de comisiones dentro del negocio de las apuestas hípicas.

La gestión de Antonio Álvarez al frente del INH culminó tras la difusión de denuncias sobre presuntas irregularidades, cobros ilícitos y un supuesto control absoluto sobre el negocio de las apuestas. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha estado involucrado en arrestos e interrogatorios relacionados con estas acusaciones.

A pesar de los cambios, persisten las advertencias de fuentes del sector sobre la continuidad de irregularidades. Se señala que detrás de GBC Gaming operaría el mismo personal que antes trabajaba para El Inmejorable, y que Ángel Pino, accionista principal de esta última, estaría implicado en esquemas de persecución y extorsión vinculados a «El Potro» Álvarez.

Una trabajadora de GBC Gaming, identificada como Marianny Coromoto Ortiz Fagundez, aparece cotizando en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) desde febrero de 2024. Ortiz Fagundez también figura como inscrita de la empresa Family Tech & Tot SL en España, la cual fue creada en 2024 y comparte un objeto social similar al de GBC Gaming en Venezuela, enfocado en programación informática, consultoría y gestión de infraestructuras tecnológicas.

Este desarrollo subraya la importancia de la fiscalización y el cumplimiento de los requisitos legales en la gestión de servicios públicos y concesiones estatales, especialmente en sectores con alto potencial económico como el de las apuestas. La falta de transparencia y la posible evasión de normativas podrían tener implicaciones significativas para el erario público y la confianza en el manejo de estos sistemas.

Datos clave
Empresas operadoras: GBC Gaming, C.A. e Inversiones Tecnobytes 17, C.A.
Entidad regulatoria: Instituto Nacional de Hipódromos (INH)
Requisito legal incumplido: Registro Nacional de Contratistas (RNC) para GBC Gaming, C.A.
Sector afectado: Apuestas hípicas y deportivas en Venezuela.

La situación de las nuevas operadoras del INH y su aparente omisión del Registro Nacional de Contratistas es un tema de interés público que afecta directamente la percepción sobre la gestión de los recursos públicos y la transparencia en la adjudicación de contratos. Para los ciudadanos y los trabajadores del sector hípico, la falta de claridad en torno a estas empresas podría generar incertidumbre sobre la estabilidad y la legalidad del funcionamiento del sistema de apuestas, un área de considerable actividad económica en el país. La verificación de que las entidades que manejan fondos públicos cumplan con todas las normativas vigentes es fundamental para garantizar la integridad de los procesos y la confianza en las instituciones.

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