Hombre excarcelado duerme en pasillo tras hallar su casa ocupada por un policía

Un ciudadano uruguayo-venezolano de 73 años, José Breijo, se encuentra en una situación precaria tras ser excarcelado y beneficiado con arresto domiciliario. Al regresar a su apartamento en el edificio Pascuareli, ubicado en Bello Monte, Caracas, Breijo denunció no poder acceder a su vivienda, la cual presuntamente se encuentra ocupada por un funcionario del Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES) del Ministerio de Interior y Justicia. La situación ha generado preocupación entre vecinos y defensores de derechos humanos, quienes exigen una solución y el respeto a la propiedad privada.

Denuncia de Ocupación Ilegal

Carlos Julio Rojas, periodista y coordinador del Frente Norte de Caracas, fue quien dio a conocer la denuncia pública sobre el caso de José Breijo. Según el relato, Breijo, quien permanecía detenido en el centro penitenciario de Tocuyito desde finales de 2023 por presuntos delitos vinculados a terrorismo, fue trasladado a su residencia el pasado viernes. Sin embargo, al llegar, se encontró con restricciones de acceso a su apartamento, impidiéndole cumplir con la medida judicial de arresto domiciliario en su propio hogar.

Vecinos del sector han manifestado su inquietud ante la situación, la cual, afirman, genera zozobra en la comunidad, especialmente considerando que Breijo es un adulto mayor con un estado de salud delicado y bajo régimen de arresto domiciliario. La imposibilidad de acceder a su vivienda lo ha obligado, según las denuncias, a pernoctar en el pasillo del edificio.

El funcionario del GOES presuntamente implicado en la ocupación del apartamento de Breijo, también habría participado en la detención del ciudadano uruguayo-venezolano hace aproximadamente dos años. Rojas calificó el hecho como «dantesco», señalando que no solo Breijo habría sido privado de libertad injustamente durante dos años, sino que además, al obtener la medida de casa por cárcel, se encuentra sin un lugar digno donde cumplirla.

Breijo, en sus declaraciones, relató haber encontrado un candado en la puerta de su apartamento, a pesar de asegurar residir allí por más de 20 años. «Llego a mi apartamento y veo un candado puesto, tengo 22 años viviendo aquí pagando mi arriendo y pido poder acceder a ella. Me quitaron dos años de mi vida preso injustamente y ahora me roban mi apartamento con todas mis pertenencias adentro. Ahora me toca estar en un colchón en un pasillo cumpliendo mi casa por cárcel, pido ayuda a las autoridades, soy un anciano trabajador no un terrorista, me lo han quitado todo», declaró Breijo.

Preocupación por la Salud y Derechos Humanos

La situación de José Breijo ha sido calificada por los defensores como una violación a sus derechos humanos, particularmente el derecho a la propiedad privada y a cumplir una medida judicial en condiciones dignas. Se ha señalado que el estado de salud del adulto mayor se ha deteriorado, y la actual circunstancia agrava su condición física y emocional.

Rojas hizo un llamado al Fiscal General, Larry Devoe, y a la Defensora del Pueblo, Eglée González, para que no permanezcan en silencio ante esta «atrocidad». Subrayó que la propiedad privada es un derecho humano fundamental y que ningún distintivo o cargo otorga el derecho a despojar a una persona de su hogar. La denuncia resalta que este caso podría ser un reflejo de la situación de otros «presos políticos» cuyas propiedades habrían sido sustraídas durante su reclusión.

Solicitud de Intervención Consular

Ante la falta de acompañamiento por parte de las autoridades consulares de Uruguay durante el proceso judicial y tras su excarcelación, el defensor también solicitó la intervención del consulado uruguayo. Se ha indicado que Breijo no ha recibido el apoyo de su país de origen en este difícil trance.

Datos clave

Consecuencias y Relevancia para los Lectores

Este incidente pone de manifiesto la vulnerabilidad de los ciudadanos ante posibles abusos de autoridad y la compleja situación de la propiedad privada en Venezuela. Para los lectores, este caso subraya la importancia de conocer sus derechos y las vías de denuncia ante situaciones de despojo o incumplimiento de medidas judiciales. La historia de José Breijo resalta la necesidad de que las instituciones encargadas de garantizar la justicia y los derechos humanos actúen con celeridad y transparencia para resolver casos como este, que afectan directamente la vida cotidiana y la seguridad jurídica de los ciudadanos. La situación de Breijo, más allá de ser un caso individual, puede representar la problemática de otros venezolanos que enfrentan dificultades similares, ya sea por ocupaciones ilegales de sus propiedades o por la falta de garantías al cumplir medidas cautelares.