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Un informe reciente expone las complejas estrategias que los Estados autoritarios, incluyendo Venezuela, emplean para sofocar el activismo de la Generación Z. El estudio, elaborado por el Observatorio Latinoamericano de Libertad Académica y Autonomía Universitaria de Aula Abierta, señala que en Venezuela y Nicaragua, los jóvenes activistas enfrentan un entorno hostil diseñado para mermar su capacidad de organización e influencia pública. La investigación fue presentada ante la Relatoría Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación de las Naciones Unidas.

El documento detalla cómo las estructuras estatales venezolanas han desarrollado un arsenal de mecanismos normativos, policiales y judiciales con el objetivo de restringir el espacio para la acción de los movimientos juveniles y estudiantiles. A pesar de estas limitaciones, el informe destaca la resiliencia de los jóvenes, que continúan organizando estrategias para defender la democracia, especialmente en el ámbito de las universidades autónomas.

Obstáculos a la Autonomía Universitaria

Uno de los principales obstáculos administrativos y políticos que enfrenta el movimiento juvenil en Venezuela es la interferencia en sus propios procesos electorales universitarios. Según Aula Abierta, el Estado, a través de la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ha emitido más de 50 decisiones judiciales que vulneran la autonomía universitaria. De estas, al menos 18 han resultado en la anulación o impedimento de la celebración de elecciones estudiantiles.

El informe cita casos emblemáticos como la anulación de la elección de Marlon Díaz en la Universidad de Carabobo en 2018 (sentencia Nº 102) y la paralización de los comicios en la Universidad de Oriente (UDO) desde 2012. Estas acciones, según el estudio, reflejan una política deliberada para despojar a los estudiantes de sus capacidades de autogobierno y de la libertad para defender sus intereses comunes.

Barreras Legales para la Organización Juvenil

Para los grupos juveniles que buscan formalizar sus agrupaciones fuera del ámbito puramente estudiantil, Venezuela presenta marcos legales que imponen barreras significativas. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) ha sido señalado por aplicar discrecionalmente resoluciones internas y trabas burocráticas que dificultan la inscripción jurídica de asociaciones integradas por jóvenes activistas.

A esta dificultad administrativa se suman dos herramientas legales de control denunciadas en la investigación: la Ley Constitucional contra el Odio, utilizada por los organismos de seguridad para catalogar acciones ciudadanas, tanto físicas como virtuales, como «incitación al odio»; y la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, conocida como la «Ley anti-ONG». Esta última exige registros obligatorios y la entrega de datos sensibles de los activistas.

Persecución y Judicialización de Jóvenes

El informe de Aula Abierta expone una coordinada acción entre diferentes entes públicos donde el Estado promueve discursos de odio y ejecuta detenciones arbitrarias. Estas acciones son posteriormente procesadas por el Poder Judicial bajo cargos de terrorismo, con el fin de sentenciar a jóvenes activistas y universitarios como «terroristas». Entre enero y octubre de 2025, la organización documentó al menos 22 miembros, en su mayoría estudiantes, que fueron víctimas de arrestos arbitrarios y hostigamiento criminal.

El impacto de estas medidas sobre los espacios de acción pública para los jóvenes es preocupante. Más de la mitad de los casos documentados incluyeron el delito de desaparición forzada, y la tasa de judicialización de universitarios bajo cargos de terrorismo se elevó del 20% en 2024 al 37% en 2025.

Hostigamiento en Recintos Universitarios

La persecución contra el desacuerdo estudiantil no se limita a las calles, sino que también dificulta el movimiento dentro de los recintos universitarios. El informe relata el hostigamiento sufrido por Miguel Ángel Suárez, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), el pasado 12 de febrero, tras finalizar una manifestación pacífica por el Día de la Juventud. Funcionarios policiales y civiles armados persiguieron y hostigaron a Suárez, entrando ilegalmente al campus universitario y utilizando tácticas de amedrentamiento. El objetivo, según se desprende, es desmotivar el rol histórico de las universidades como refugios de pensamiento libre.

Paralelismos con Nicaragua

El estudio de Aula Abierta también destaca paralelismos con la situación en Nicaragua. Allí, el modelo de represión hacia los jóvenes se manifiesta en la designación de miembros universitarios a través de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Este organismo actúa como un sindicato autónomo encargado de la vigilancia, acusación y persecución de estudiantes que disienten. Adicionalmente, la UNEN controla la entrega de becas y beneficios académicos en función de la fidelidad ideológica del estudiante.

La vulneración más grave a la libertad de estas agrupaciones en Nicaragua se encuentra en los propios reglamentos de la UNEN, que establecen la afiliación automática y obligatoria de todo joven que ingresa a la educación superior. Esta medida anula el principio de libertad y convierte la participación en estas asociaciones en un acto militar y político controlado por el Estado.

Propuestas para el Activismo Juvenil

Ante este panorama, la contribución de Aula Abierta ante las Naciones Unidas plantea medidas de carácter político y normativo para apoyar el activismo juvenil. Entre ellas, se insta a los Estados a abstenerse de manipular los tribunales para intervenir en los procesos electorales universitarios.

El informe propone la creación de comités de derechos humanos donde organizaciones juveniles y jóvenes puedan colaborar. Asimismo, se solicita la promulgación de leyes que prohíban explícitamente la entrada de policías, militares o vehículos sin placa a las universidades durante protestas, y que se garantice la libertad de expresión y asociación.

Datos clave
| Aspecto | Descripción |
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| Informes de represión | Mecanismos normativos, policiales y judiciales para obstaculizar activismo juvenil. |
| Interferencias universitarias | Más de 50 decisiones del TSJ que vulneran autonomía, 18 impiden elecciones estudiantiles. |
| Leyes de control | Ley contra el Odio y Ley anti-ONG utilizadas para restringir organizaciones. |
| Judicialización | Aumento de casos de terrorismo contra universitarios (37% en 2025). |

Este informe subraya la compleja realidad que enfrentan los jóvenes activistas en Venezuela y Nicaragua, quienes luchan por mantener espacios de libertad y participación democrática en contextos de creciente autoritarismo. La defensa de la autonomía universitaria y la libertad de asociación se presentan como frentes cruciales en esta batalla por los derechos civiles.

Fuente: Las estrategias de los Estados autoritarios para acabar con el activismo de la Generación Z – Runrun.es: https://runrun.es/inicio/612082/las-estrategias-de-los-estados-autoritarios-para-acabar-con-el-activismo-de-la-generacion-z/

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