La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla ha presentado una querella criminal ante la justicia chilena con el objetivo de reactiv

La Agrupación de Familiares de Víctimas de Tocopilla ha presentado una querella criminal ante la justicia chilena con el objetivo de reactivar las diligencias en la investigación por la desaparición forzada de siete personas durante la pasada dictadura civil militar. La acción legal surge en un contexto de profunda incertidumbre respecto a la continuidad de las políticas de memoria y derechos humanos en Chile, especialmente tras los anuncios de recortes presupuestarios para el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de la dictadura.

Avances Legales y Preocupación

La querella, admitida a trámite por la Corte de Apelaciones de La Serena, busca que los tribunales garanticen el avance de las investigaciones judiciales. La preocupación de las familias se intensifica ante las señales del Ejecutivo, que, a pesar de manifestar públicamente su respaldo al Plan Nacional de Búsqueda, ha anunciado un recorte cercano a un millón de dólares al programa estatal encargado de coordinar los esfuerzos de localización e identificación.

La presidenta de la organización civil, Alejandra Gómez, hija de Luis Gómez Cerda (dirigente sindical y militante del Partido Socialista, desaparecido en 1973), criticó la falta de garantías para el desarrollo de las tareas de localización e identificación. «Enfrentamos un escenario de incertidumbre respecto a la continuidad de las diligencias: no existiría un presupuesto claro ni una conducción clara para coordinar y concretar las decisiones judiciales del ministro a cargo de la causa», declaró Gómez.

Plan Nacional de Búsqueda

El Plan Nacional de Búsqueda es una iniciativa gubernamental impulsada mediante decreto en 2023, coincidiendo con la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado. Su objetivo es esclarecer de manera oficial el destino final de las víctimas de desaparición forzada en todo el territorio nacional. Actualmente, 1.159 personas permanecen desaparecidas y son buscadas ininterrumpidamente por sus seres queridos.

El recurso judicial presentado por los familiares denuncia la ejecución de inhumaciones y exhumaciones ilegales y solicita que los parientes de las víctimas puedan intervenir formalmente en el proceso de recolección de pruebas. Las solicitudes se centran específicamente en las diligencias para dar con el paradero de siete trabajadores arrestados entre septiembre y octubre de 1973 en Tocopilla, localidad situada a unos 1.500 kilómetros al norte de Santiago.

Casos Específicos y Evidencia

La querella individualiza los expedientes de las siguientes víctimas, todas arrestadas en el marco de las primeras operaciones represivas tras el derrocamiento del gobierno constitucional:

• Luis Gómez Cerda
• Jacobo Cortés Maldonado
• Juan Luis Gárate Romo
• Jorge Aguirre Bernales
• Mario Enrique Zañartu Pardo
• Juan Alvarado Henríquez
• Domingo Segundo Cofré Lizama

Según el documento judicial, miembros de Carabineros, personal del Ejército y funcionarios del cuerpo de Investigaciones procedieron al arresto de estos dirigentes políticos y sindicales de la zona industrial. Los detenidos fueron conducidos inicialmente a la Comisaría de Carabineros y luego transferidos a la Cárcel Pública de Tocopilla, recinto penitenciario donde se perdió formalmente su rastro.

Diferentes declaraciones testificales y documentos históricos apuntan a que los cuerpos de las víctimas habrían sido trasladados a la mina “La Veleidosa”, una explotación minera ubicada a unos 15 kilómetros del casco urbano de Tocopilla. Investigaciones arqueológicas y forenses previas ya habían registrado el hallazgo de fragmentos óseos pertenecientes a algunas de las personas nombradas en el escrito judicial.

Rol del Estado y Derechos Humanos

En el marco del diseño institucional del plan de búsqueda, el Estado de Chile ejerce el rol de parte querellante en decenas de causas penales por ejecución sumaria. La labor recae principalmente en el Programa de Derechos Humanos, una oficina dependiente del Ministerio de Justicia que funciona como el principal motor institucional para el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad en el país.

El régimen dictatorial que gobernó Chile durante diecisiete años causó más de 40.000 víctimas, incluyendo a más de 3.200 ciudadanos fallecidos en operativos de las fuerzas estatales. La exigencia de las familias de Tocopilla pone de relieve la importancia de mantener activos los mecanismos de búsqueda y justicia, incluso ante dificultades presupuestarias o cambios en las prioridades gubernamentales. La actuación de la agrupación busca asegurar que la memoria histórica y el derecho a la verdad de las víctimas y sus familias no se vean comprometidos.

Impacto para Venezuela

Este caso, aunque ocurre en Chile, resuena en Venezuela por las similitudes históricas y la importancia de la memoria y la justicia para las familias de quienes han sufrido desapariciones forzadas o violaciones de derechos humanos. La lucha de estos familiares chilenos por mantener vivas las investigaciones subraya la necesidad de que en cualquier país, los mecanismos de búsqueda y esclarecimiento de crímenes de Estado se mantengan como una prioridad, independientemente de los cambios políticos o económicos. Para los venezolanos que viven o han vivido experiencias similares, la persistencia de estas agrupaciones es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia es un camino continuo que requiere compromiso y organización. La situación chilena puede servir de ejemplo sobre cómo la sociedad civil puede interceder legalmente para garantizar la continuidad de procesos de memoria histórica y derechos humanos.

Datos clave

La defensa de la memoria histórica y la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura chilena es un proceso que involucra a toda la sociedad. La presentación de esta querella por parte de los familiares de Tocopilla demuestra la determinación de no permitir que las desapariciones queden impunes y que los esfuerzos por encontrar a los desaparecidos se vean mermados por decisiones administrativas o presupuestarias. La comunidad venezolana, con su propia historia reciente de luchas por los derechos humanos y la justicia, puede encontrar en esta noticia un reflejo de la perseverancia necesaria para exigir verdad y memoria.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/07/familiares-de-desaparecidos-en-chile-piden-reactivar-pesquisas/