Estudio vincula la corrupción en la construcción con la tragedia del terremoto de 2026 en Venezuela

La letalidad de un terremoto no depende solo de la magnitud del sismo. Esa es la premisa central de un estudio publicado por el abogado y especialista en derechos humanos Juan Carlos Gutiérrez, quien sostiene que la corrupción en la construcción y la falta de controles estatales convirtieron el terremoto de 2026 en Venezuela en una tragedia evitable. El trabajo, titulado “Venezuela 2026: el terremoto que evidenció la corrupción como arma letal”, compara el caso venezolano con los terremotos de Haití (2010) y Turquía (2023) para argumentar que la impunidad también forma parte del colapso.

El estudio fue divulgado por el diario El Nacional y se apoya en literatura académica, informes institucionales y jurisprudencia internacional. Gutiérrez afirma que, décadas de investigaciones han demostrado una relación estadísticamente significativa entre corrupción y mortalidad en desastres naturales. Cita, entre otros, el trabajo “Corruption Kills” de Nicholas Ambraseys y Roger Bilham (2011) y un estudio posterior del Fondo Monetario Internacional elaborado por Serhan Cevik y João Tovar Jalles.

El factor institucional en los desastres

Gutiérrez sostiene que la manera tradicional de interpretar los terremotos debe cambiar. El foco no puede limitarse al fenómeno geológico, sino que debe incluir la calidad de las instituciones, la supervisión de las construcciones y la capacidad del Estado para prevenir riesgos conocidos. Tolerar prácticas constructivas irregulares o desviar recursos públicos destinados a infraestructuras, afirma, puede traducirse en una vulneración del derecho a la vida.

El estudio estructura su análisis comparando tres terremotos ocurridos en contextos distintos, pero unidos por un mismo elemento: la corrupción. En Haití, el terremoto de 2010 evidenció, según la investigación, la ausencia de un sistema eficaz de regulación de la construcción y de mecanismos adecuados de supervisión. A ello se sumó posteriormente el desvío de recursos destinados a la reconstrucción, incluidos fondos de Petrocaribe, mediante contratos irregulares, proyectos inconclusos y pagos sin respaldo documental. El resultado, sostiene el trabajo, fue un doble fracaso: primero en la prevención y luego en la rendición de cuentas.

El caso de Turquía ofrece un escenario diferente. Tras el terremoto de 2023, las autoridades impulsaron cientos de investigaciones y procesos penales contra contratistas, arquitectos e ingenieros. Sin embargo, Gutiérrez sostiene que esa respuesta fue incompleta porque prácticamente ningún funcionario encargado de autorizar construcciones o supervisar edificaciones fue procesado. A su juicio, esto generó una forma de impunidad selectiva que dejó intacta la responsabilidad estatal.

Venezuela: normas existentes, cumplimiento ausente

El núcleo del estudio está dedicado al caso venezolano. A diferencia de Haití, argumenta Gutiérrez, Venezuela sí contaba desde hacía décadas con normas de construcción sismorresistente. El problema, sostiene, fue su incumplimiento sistemático en un contexto marcado por la opacidad administrativa y la corrupción estructural.

El investigador cita informes técnicos, reportajes periodísticos y análisis especializados para señalar que diversas edificaciones públicas habrían sido construidas con materiales deficientes, inspecciones insuficientes y fallas estructurales incompatibles con los estándares de seguridad existentes. Entre los casos analizados ocupa un lugar central la Gran Misión Vivienda Venezuela, presentada en el estudio como un ejemplo donde confluyen irregularidades contractuales, degradación técnica y falta de controles efectivos.

El trabajo también resalta que Venezuela volvió a ubicarse entre los países con peor percepción de corrupción del mundo, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional. Y sostiene que, a diferencia de Turquía, tras el terremoto venezolano no se anunciaron investigaciones penales públicas contra constructores, funcionarios o responsables de las obras colapsadas.

La responsabilidad estatal desde el derecho internacional

Uno de los aportes más novedosos del estudio consiste en trasladar el análisis desde la ingeniería hacia el derecho internacional. Gutiérrez revisa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos como Öneryıldız contra Turquía, Budayeva y otros contra Rusia y M. Özel y otros contra Turquía, para sostener que los Estados no solo tienen la obligación de responder después de una tragedia, sino también prevenir riesgos previsibles mediante regulación, supervisión e investigaciones efectivas cuando se producen muertes evitables.

El estudio vincula además esos criterios con los estándares desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha señalado que la corrupción no constituye un delito sin víctimas y que impone deberes específicos de prevención, investigación, sanción y reparación.

Datos clave

Implicaciones para los lectores venezolanos

El estudio no solo ofrece una explicación sobre lo ocurrido en 2026, sino que plantea preguntas de fondo para quienes viven en Venezuela o hacen seguimiento de la situación del país. La calidad de las viviendas, la supervisión de obras públicas y la rendición de cuentas de los funcionarios son temas que afectan directamente la seguridad cotidiana. Si la tesis de Gutiérrez es correcta, la tragedia pudo haber sido atenuada con un Estado que cumpliera sus obligaciones de regulación y control.

Además, el trabajo abre un frente jurídico: al argumentar que la corrupción puede constituir una violación del derecho a la vida, sienta bases para posibles demandas ante organismos internacionales de derechos humanos. Para los venezolanos que buscan justicia o reparación, este enfoque podría representar una vía alternativa.

Conclusión del estudio

Más allá del terremoto ocurrido en Venezuela, el trabajo propone una reflexión sobre la responsabilidad estatal frente a los desastres. Su conclusión es que la corrupción no debe entenderse únicamente como un problema administrativo o económico, sino también como un factor que puede incrementar de forma previsible el riesgo de pérdida de vidas humanas cuando compromete la calidad de las construcciones, debilita los mecanismos de control y obstaculiza la investigación posterior de las responsabilidades.

Para Gutiérrez, cuando un Estado incumple sus obligaciones de prevención y posteriormente tampoco investiga las causas de colapsos estructurales previsibles, el debate deja de limitarse al ámbito de la gestión pública y entra en el terreno de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Fuente: El Nacional – “La corrupción mata”: estudio plantea que el terremoto también representó un fracaso del Estado (https://www.elnacional.com/2026/07/estudio-plantea-que-el-terremoto-represento-un-fracaso-del-estado/)