El futuro de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela se encuentra en el centro de un debate crucial: ¿deben celebrarse u

El futuro de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Venezuela se encuentra en el centro de un debate crucial: ¿deben celebrarse una vez que se respeten los preceptos constitucionales o es aceptable realizarlas bajo acuerdos mínimos? Esta interrogante, planteada desde la perspectiva de un ciudadano sin experticia electoral ni partidista, pero con el deber de expresar inquietudes, resalta la complejidad del panorama político actual.

La conveniencia temporal de las elecciones es un tema divisorio. Una corriente de opinión sugiere que posponerlas podría beneficiar al oficialismo, permitiendo una potencial mejora económica que acorte la ventaja de la oposición. Este argumento se apoya en la idea de que el tiempo, en el contexto venezolano, puede mitigar la memoria colectiva sobre responsabilidades pasadas, incluyendo violaciones a los derechos humanos y la crisis institucional. Incluso, se especula sobre la posibilidad de que sectores del chavismo-madurismo puedan pasar por alto la supuesta «traición» de figuras políticas a los postulados del «socialismo del siglo XXI» o su alineamiento con administraciones extranjeras.

Otra perspectiva sugiere que un acuerdo con la oposición, liderada por figuras como María Corina Machado, podría ser una vía para unas elecciones más limpias y para cesar presiones externas. Esta estrategia, vista por algunos, permitiría al gobierno retirarse temporalmente y esperar un cambio en la opinión pública.

Condiciones para el voto

La postergación de las elecciones bajo la premisa de esperar «condiciones electorales de acuerdo a la Constitución» genera preocupación entre la población. La desesperanza se cierne sobre quienes enfrentan dificultades económicas, la precariedad de los servicios de salud y educación, y la escasez de servicios básicos como electricidad y agua. Asimismo, la demora prolonga la espera de libertad para los presos políticos y sus familiares. Desde una perspectiva económica, un gobierno sin legitimidad dificulta la renegociación de la deuda externa, cuyo monto continúa creciendo por los intereses vencidos, y desincentiva la inversión extranjera.

La relación de María Corina Machado con actores internacionales también se presenta como un factor a considerar en el debate sobre los plazos. La demora en el proceso electoral podría no ser favorable para su candidatura.

Los argumentos en contra de la participación electoral en el contexto actual señalan la supuesta corrupción del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Se cuestiona la integridad del Registro Electoral, que presuntamente no incluye a nuevos votantes, a quienes han cambiado de domicilio, ni a la diáspora venezolana. A pesar de estas objeciones, se recuerda la contundente victoria de Edmundo González en las elecciones del 28 de julio, lo que sugiere que la voluntad popular puede manifestarse incluso en escenarios adversos.

La posibilidad de que el gobierno impulse cambios en la directiva del CNE y en el TSJ, buscando una apariencia de renovación, es vista con escepticismo. La presión ciudadana en las calles, en negociaciones y a nivel internacional se considera fundamental para exigir la depuración del Registro Electoral, la ampliación de centros de registro, la designación de miembros independientes en el CNE y el TSJ, y la facilitación del voto de los venezolanos en el exterior.

Aspectos clave para unas elecciones justas

La exigencia de condiciones electorales justas incluye varios puntos críticos:

• Retiro de las inhabilitaciones a líderes opositores, como María Corina Machado.
• Presencia de observadores internacionales en todas las fases del proceso electoral.
• Eliminación de centros de votación clandestinos.
• Compromiso de la Fuerza Armada para aplicar el Plan República con profesionalismo, similar a elecciones previas.
• Garantía de acceso a copias de las actas de escrutinio.
• Respeto a la integridad física de los testigos de mesa.

La alerta y la posible agresividad por parte del oficialismo en próximos eventos electorales son realidades anticipadas. Sin embargo, la organización y preparación de equipos en las mesas de votación, la capacitación de testigos y la observación internacional de organismos como la OEA, ONU y la Unión Europea, son consideradas herramientas para contrarrestar intentos de manipulación.

La conveniencia de celebrar elecciones lo antes posible se extiende a diversos actores. Se argumenta que beneficia al país, a los venezolanos, a María Corina Machado y, a mediano plazo, incluso al gobierno actual. La percepción internacional de Venezuela y de sus líderes también se ve influenciada por la forma en que se gestione el proceso electoral.

A pesar de las dificultades y la posibilidad de que el régimen no ceda en todas las demandas, la necesidad de no demorar las elecciones y asumir el reto de votar, como se hizo en la elección del 28 de julio, se presenta como un camino a seguir. La presión constante y la movilización ciudadana son vistas como esenciales para avanzar hacia condiciones electorales que se ajusten a la Constitución.

Datos clave

La importancia de este debate radica en su impacto directo sobre el futuro político de Venezuela. La legitimidad del gobierno, la posibilidad de una salida pacífica a la crisis económica y social, y la garantía de los derechos ciudadanos dependen en gran medida de la transparencia y equidad del proceso electoral. La participación activa y organizada de la ciudadanía, junto con el apoyo de la comunidad internacional, son factores determinantes para lograr unas elecciones que reflejen verdaderamente la voluntad popular.

Fuente: ¿Elecciones pronto o cuando haya condiciones? – Runrun.es https://runrun.es/opinion/611420/elecciones-presidenciales-eddie-ramirez-s/