Desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron 841% en 25 años, según Provea

Las desapariciones forzadas en Venezuela han experimentado un aumento del 841% en los últimos 25 años, abarcando los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Esta alarmante cifra fue documentada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual, "El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia 2025", presentado en el Auditorio César Ríos de la Universidad Central de Venezuela. El informe detalla una situación crítica de los derechos humanos, incluso después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.

El informe de Provea destaca que, aunque el número global de violaciones al derecho a la libertad personal disminuyó un 77,4% en comparación con 2024, esta reducción no se traduce en una mejora general de la situación de los derechos humanos. Por el contrario, la organización considera que el aparato represivo del Estado ha evolucionado hacia métodos menos visibles, más sofisticados y focalizados.

Cifras y Patrones de la Represión

Durante 2025, Provea registró 95 casos y 160 víctimas de desaparición forzada, lo que representa un aumento del 196% respecto a 2024 y un 841% frente al promedio histórico de los últimos 25 años. A pesar de una disminución en el total de detenciones arbitrarias e ilegales, el informe advierte que este patrón revela una mayor selectividad, clandestinidad y un aumento de los abusos institucionales. Estos abusos se dirigen especialmente contra dirigentes sociales, activistas políticos, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Las desapariciones forzadas se han consolidado como una herramienta recurrente dentro de la política represiva del Estado venezolano, especialmente en contextos de persecución. En 2025, 513 personas fueron detenidas por razones políticas, lo que constituye el 86% de todos los casos registrados de violaciones a la libertad personal. Aunque esta cifra es menor que la de 2024, año marcado por la represión poselectoral, sigue siendo la segunda más alta de los últimos años. De este total, 145 detenidos políticos sufrieron desaparición forzada, lo que significa que permanecieron sin información oficial sobre su paradero, incomunicados o fuera del alcance de sus familiares y abogados. Algunos de estos casos se prolongaron por más de 100 días.

El Caso de Víctor Quero Navas

Un caso emblemático mencionado durante la presentación del informe fue el de Víctor Quero Navas, detenido en enero de 2025. Su madre, Carmen Navas, no tuvo conocimiento de su paradero durante meses. Tras el anuncio de Jorge Rodríguez en enero sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos, la Sra. Navas comenzó a protestar y a buscar información sobre su hijo. Finalmente, a principios de mayo, se enteró de que Víctor había fallecido 10 meses antes. Este caso ilustra la opacidad y la falta de respuesta del sistema judicial frente a las desapariciones forzadas.

Recursos Legales Ignorados y Violaciones de Derechos

Provea señala que muchos familiares de las víctimas recurrieron a recursos de habeas corpus que nunca obtuvieron respuesta por parte del sistema judicial, lo que evidencia una instrumentalización política de la justicia venezolana. Los hechos de desaparición forzada ocurrieron principalmente en enero, mayo y junio de 2025, períodos vinculados a momentos álgidos políticamente, como la juramentación de Nicolás Maduro y las elecciones regionales y legislativas.

Casos de Alto Perfil y Patrones Comunes

El informe documenta varios casos de alto perfil, incluyendo el de Carlos Correa, director de Espacio Público, quien fue detenido por funcionarios encapuchados en Caracas el 7 de enero y permaneció nueve días desaparecido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a su favor, y posteriormente fue excarcelado bajo régimen de presentación. Otro caso es el de Eduardo Torres, defensor de derechos humanos e integrante de Provea, también beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien estuvo desaparecido durante ocho días. Las autoridades judiciales se negaron inicialmente a recibir el recurso de habeas corpus presentado por la organización. Más tarde, se informó que Torres estaba recluido en El Helicoide, donde permaneció más de cinco meses incomunicado, acusado de supuesta conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.

Provea también destacó la detención de periodistas, estudiantes, activistas y adolescentes en circunstancias similares. Entre ellos se encuentran Nakary Ramos y Gianni González, arrestados tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas; Jonathan Bravo, un adolescente con TDAH detenido por mensajes enviados en WhatsApp; y Jesús Gabriel Useche, un joven con discapacidad cognitiva acusado de terrorismo.

Un patrón reiterado es el uso de desapariciones forzadas de corta duración. Al menos el 85% de los arrestos incluyeron períodos superiores a 72 horas sin información oficial sobre el paradero de los detenidos. Las víctimas eran trasladadas a lugares desconocidos, mantenidas incomunicadas y excluidas de registros policiales. Provea documentó al menos 67 casos de desapariciones forzadas temporales durante el período analizado.

Obstáculos para la Justicia y Consecuencias para los Detenidos

Los familiares de las víctimas enfrentaron enormes obstáculos para intentar activar mecanismos legales de protección. Tribunales y fiscalías se negaron repetidamente a recibir acciones de habeas corpus o denuncias por desaparición forzada. Incluso cuando los escritos fueron recibidos por el Tribunal Supremo de Justicia, las respuestas judiciales no llegaron dentro de los plazos legales.

La organización registró 141 detenciones individuales durante 2025. Aunque esta cifra representa una caída respecto al año anterior, muestra una tendencia ascendente durante la última década. Las víctimas identificadas fueron principalmente hombres, dirigentes políticos, líderes sociales, trabajadores, periodistas y estudiantes. También se documentó la detención de al menos 14 niños, niñas y adolescentes.

Datos clave

En este contexto, al menos 58 presos políticos sufrieron violaciones graves a su derecho a la salud, incluyendo enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cardíacas, renales y psicológicas, agravadas por el encierro y la falta de atención médica. También se registraron denuncias de aislamiento, incomunicación, tortura y malos tratos. Provea alertó sobre un patrón de persecución indirecta mediante la detención de familiares de activistas como una estrategia para ejercer presión.

Relevancia para los Lectores

Este informe es crucial para los ciudadanos venezolanos y la diáspora, ya que pone de manifiesto la persistencia y la evolución de la represión estatal. La sofisticación de los métodos de control y la impunidad ante las violaciones de derechos humanos afectan directamente la vida pública y la confianza en las instituciones. Conocer estas cifras y patrones es fundamental para entender el contexto político y social del país, así como para la defensa de los derechos fundamentales y la búsqueda de justicia. La falta de respuesta de las instituciones judiciales ante los recursos legales evidencia la fragilidad del estado de derecho y la necesidad de una mayor vigilancia internacional sobre la situación en Venezuela.

Fuente: El Nacional. (2026, 15 de mayo). Las desapariciones forzadas en Venezuela aumentaron 841% en los últimos 25 años. https://www.elnacional.com/2026/05/las-desapariciones-forzadas-en-venezuela-aumentaron-841-en-los-ultimos-25-anos/