Muerte bajo custodia en Venezuela: un patrón que persiste por más de una década, según análisis de Runrunes

Un nuevo análisis publicado en el portal Runrunes, bajo el título “Venezuela: muerte bajo custodia [II]”, documenta un patrón continuo de muertes en centros de detención venezolanos que se extiende al menos desde 2015 hasta el presente año. El texto, firmado por la redacción del medio, recoge decenas de casos en los que las víctimas habrían fallecido por tortura, enfermedades no atendidas o ausencia deliberada de asistencia médica, mientras permanecían bajo custodia de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según el análisis, tanto organizaciones nacionales como internacionales han reportado durante más de una década una reiteración de estos hechos, que habrían sido consignados ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI). La columna advierte que la impunidad acumulada es una causa colateral de estas muertes, y critica la demora de la CPI para actuar frente a patrones suficientemente documentados.

El patrón de muertes bajo custodia

El análisis subraya que no se trata de hechos aislados, sino de una “tragedia convertida en patrón”. Señala que los métodos empleados —detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzosa, deterioro físico progresivo y falta de atención médica— se han repetido en instalaciones como El Helicoide, el SEBIN, la DGCIM, y en centros penitenciarios como Yare, Rodeo, Tocuyito, Tocorón, El Marite, Fénix, Coro y el Centro Penitenciario de Occidente.

La columna compara la magnitud de estos hechos con la de regímenes autoritarios anteriores en el país, y afirma que “ni Gómez, ni Pérez Jiménez hicieron tanto daño” en materia de torturas y muertes bajo custodia. Aunque se trata de una afirmación de opinión, la enumeración de casos concretos aporta un registro detallado.

Casos emblemáticos

El texto incluye una lista de más de veinticinco víctimas identificadas entre 2015 y 2026, entre las que destacan nombres como el del exministro Nelson Martínez, el concejal Fernando Albán, el general Raúl Isaías Baduel, el indígena pemón Salvador Franco, y el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. De este último, la columna recuerda que fue presentado ante un tribunal militar en silla de ruedas, con signos visibles de tortura, y que falleció horas después. Organizaciones internacionales concluyeron que la evidencia contradice la versión oficial.

Además, se mencionan fallecimientos ocurridos durante 2026 en establecimientos penales, aún no identificados plenamente, que forman parte de las incidencias presentadas ante la CPI: Antonio José Manzano, Deivi Enrique García, Ovidio Madriz Mendoza, José Ramón Yelamo, Fabiana Páez Fernández, José Gregorio Mendoza Guzmán, Alberto Solarte Cabrera, entre otros.

La denuncia ante la CPI y la cuestión de la impunidad

El análisis afirma que estos hechos fueron reportados ante el despacho del entonces fiscal de la CPI, Karim Khan, a quien —según la columna— habrían destituido recientemente. El texto califica ese posible relevo como “otra tragedia para las víctimas y para la justicia”. La columna sostiene que la CPI no ha logrado verificar miles de incidentes por falta de soporte técnico y personal, y que la demora “deja de ser un problema administrativo para convertirse en un factor de impunidad”.

Runrunes advierte que la verdadera pregunta no es cuántas personas han muerto bajo custodia, sino cuántas más deberán morir antes de que la justicia internacional considere que “el umbral de la impunidad ha sido definitivamente sobrepasado”. La columna concluye con una cita atribuida a Edmund Burke: “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”, y aplica esa reflexión al contexto venezolano y a la inacción de los mecanismos internacionales.

Relevancia para los lectores

Este análisis cobra importancia porque aborda una realidad que afecta directamente a miles de familias venezolanas que han tenido o tienen un familiar detenido. La persistencia del patrón documentado, la falta de investigaciones independientes y la opacidad oficial son temas que cruzan la vida cotidiana de quienes siguen la situación de los derechos humanos en el país. Además, el papel de la CPI y el tratamiento de las denuncias es un asunto de interés público que trasciende fronteras.

El artículo de Runrunes no es una noticia de último minuto, sino una recopilación analítica que busca mantener viva la atención sobre un fenómeno que, según sus autores, no ha cesado. Para los lectores, constituye un recordatorio de que la documentación de estos casos sigue siendo necesaria mientras no haya justicia.

Fuente: Runrunes – “Venezuela: muerte bajo custodia [II]”. Disponible en: https://runrun.es/opinion/616168/muerte-bajo-custodia-2/