Provea rechaza la salida de Venezuela de la CPI y advierte que las investigaciones siguen vigentes

La organización no gubernamental Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, rechazó este sábado el anuncio del gobierno nacional de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI). En un comunicado difundido a través de su cuenta en X, Provea aclaró que la salida no surte efectos inmediatos y que, durante el año de transición que establece el propio estatuto, las investigaciones en curso contra el Estado venezolano se mantienen intactas, al igual que las obligaciones de cooperación con el tribunal.

La reacción de Provea se produce un día después de que el canciller Félix Plasencia anunciara la renuncia de Venezuela al Estatuto de Roma, argumentando que la CPI actúa con un “sesgo” que concentra su labor de forma “desproporcionada” en países africanos y latinoamericanos. Horas más tarde, la presidenta encargada Delcy Rodríguez acusó a la Corte de acumular expedientes para agredir a los pueblos del “sur global” y reiteró la decisión de retirar definitivamente al país del organismo.

Sin embargo, Provea subraya que el derecho internacional no permite una salida automática. El plazo de un año es un mecanismo de seguridad jurídica que impide que los Estados eviten su responsabilidad penal internacional mediante una renuncia intempestiva. Mientras ese plazo corre, la CPI puede seguir investigando, y los tribunales podrán condenar en el futuro a los responsables de presuntos crímenes que ocurran dentro de ese período o en fechas anteriores.

La postura de Provea

Provea señaló en su mensaje que el Estatuto de Roma establece que la retirada “no afectará la cooperación con la Corte en relación con las investigaciones y los procedimientos penales respecto de los cuales el Estado que se retira tenía el deber de cooperar y que se iniciaron con anterioridad a la fecha en que la retirada surtió efecto”. En otras palabras, incluso si el proceso de salida se completa dentro de un año, Venezuela sigue obligada a colaborar con las pesquisas que ya estaban abiertas.

La organización fue enfática: “Se mantienen las obligaciones de cooperación del Estado venezolano, incluido el cumplimiento de órdenes de captura que puedan hacerse públicas en el futuro”. Esta advertencia cobra relevancia porque la CPI mantiene una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2014, que incluye la posibilidad de emitir órdenes de detención contra funcionarios del gobierno.

Provea, que ha documentado violaciones a derechos humanos en el país durante décadas, considera que la salida de la CPI es un acto que busca evadir la justicia internacional, pero que en la práctica no logra ese objetivo en el corto plazo. La organización instó a la comunidad internacional y a los venezolanos a estar atentos al cumplimiento de las obligaciones del Estado durante el año de transición.

Los plazos del Estatuto de Roma

El artículo 127 del Estatuto de Roma regula la retirada de los Estados parte. Establece que el retiro surte efecto un año después de la notificación formal al secretario general de las Naciones Unidas, y que no exime al Estado de las obligaciones derivadas de su pertenencia mientras el tratado estuvo vigente. Esto incluye los deberes de cooperación en investigaciones y procedimientos penales que se iniciaron antes de la fecha en que la retirada se haga efectiva.

La CPI, en una reacción difundida desde La Haya, lamentó la decisión de Venezuela y recordó que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año. La Corte señaló que aún no había recibido la notificación formal a través de la Oficina de Tratados de la ONU, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional “sigue siendo un derecho soberano de los Estados”.

Este plazo de doce meses no es una formalidad vacía. Durante ese período, la Fiscalía de la CPI puede continuar recolectando pruebas, entrevistando testigos y solicitando órdenes de comparecencia o captura. Además, cualquier nuevo crimen que ocurra dentro del año de transición también podría ser investigado, ya que la competencia de la Corte se extiende hasta el momento exacto en que la salida se hace efectiva.

La investigación de la CPI sigue vigente

El proceso penal internacional contra Venezuela no comenzó ayer. La Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar en 2018 tras recibir denuncias por presuntos crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y persecución política. En 2021, la fiscalía inició una investigación formal, que permanece activa.

En abril de 2022, Venezuela solicitó el aplazamiento de la investigación, argumentando que sus autoridades nacionales estaban investigando los mismos hechos. Sin embargo, en junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó a la Fiscalía a reanudar las pesquisas, al considerar que los procedimientos penales internos no reflejaban suficientemente el alcance del caso. Esa decisión fue un revés para el gobierno venezolano, que había confiado en que la justicia nacional bastaba para frenar la intervención de la Corte.

La investigación de la CPI abarca presuntos crímenes cometidos desde 2014 hasta la actualidad. Incluye tanto a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como a altos funcionarios civiles. Hasta ahora, la Corte no ha hecho públicas órdenes de captura, pero la advertencia de Provea sugiere que podrían llegar antes de que la salida sea efectiva.

La reacción del gobierno venezolano

El canciller Plasencia justificó la renuncia al Estatuto de Roma señalando que la CPI ha sido utilizada como instrumento político contra países del sur global. “La CPI actúa con un sesgo que concentra su labor de forma desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, mientras que los crímenes cometidos por potencias occidentales quedan impunes”, afirmó.

Por su parte, Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada, acusó a la Corte de “acumular expedientes para agredir a los pueblos del sur global” y reiteró que la decisión de retirarse es definitiva. Ambos funcionarios evitaron mencionar el plazo de un año o las implicaciones legales de la salida durante ese período.

La decisión del gobierno ha sido criticada por sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos, que consideran que se trata de un intento de blindar a funcionarios ante posibles procesos penales internacionales. Sin embargo, el gobierno insiste en que la CPI carece de legitimidad para juzgar a Venezuela y que la justicia interna es suficiente.

¿Qué significa para los venezolanos?

Para los ciudadanos venezolanos, la salida de la CPI tiene implicaciones simbólicas y prácticas. En el plano simbólico, representa un distanciamiento del sistema de justicia internacional y una señal de que el gobierno no está dispuesto a rendir cuentas ante un tribunal externo. En el plano práctico, la investigación de la CPI continúa, y si se emiten órdenes de captura, Venezuela estará obligada a cooperar durante el año de transición, aunque el gobierno ya ha mostrado resistencia a cumplir con resoluciones internacionales.

La advertencia de Provea es clara: el retiro no es un salvoconducto. Las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad que han confiado en la CPI como única vía de justicia, ante la falta de imparcialidad del sistema judicial venezolano, siguen teniendo la esperanza de que la Corte actúe. El tiempo corre, y el próximo año será clave para determinar si la CPI logra avanzar en sus investigaciones antes de que Venezuela formalmente deje de ser parte del Estatuto de Roma.

Datos clave

Fuente: El Nacional – “Provea rechazó la salida de Venezuela de la CPI y recordó la vigencia de las investigaciones” (https://www.elnacional.com/2026/07/provea-rechazo-la-salida-de-venezuela-de-la-cpi-y-recordo-la-vigencia-de-las-investigaciones/)