Cierre de ONG y falta de protección estatal profundizan vulnerabilidad LGBTIQ+ en Venezuela

La comunidad LGBTIQ+ en Venezuela enfrenta una creciente vulnerabilidad debido a la falta de políticas estatales específicas y el cierre de numerosas organizaciones de la sociedad civil que ofrecían apoyo y servicios esenciales. Activistas y representantes de la comunidad alertan sobre la drástica reducción de espacios de acompañamiento, lo que deja a muchas personas sin opciones ante situaciones de violencia, discriminación y exclusión.

La combinación de una profunda crisis económica, fenómenos migratorios, persecución política y restricciones al espacio cívico ha debilitado significativamente la capacidad de respuesta de la sociedad civil en el país. La desaparición de organizaciones clave genera profunda preocupación entre los activistas, quienes temen el impacto en la atención y el apoyo a las víctimas, muchas de las cuales quedan desamparadas.

Redes de Apoyo Autogestionadas

Ante la ausencia de políticas estatales que atiendan sus necesidades y leyes que garanticen plenamente sus derechos, las personas LGBTIQ+ han tenido que construir sus propias redes de apoyo. Estos colectivos buscan acompañarse, protegerse y facilitar el acceso a servicios básicos. El cierre de varias organizaciones, sumado a amenazas, criminalización y persecución contra activistas en los últimos años, ha acortado aún más las alternativas para una población que históricamente ha encontrado en la sociedad civil el respaldo que el Estado no ha proporcionado.

El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ es una de las pocas organizaciones que aún opera en el país, enfocada en la documentación y atención de la violencia hacia esta comunidad. Prissila Solórzano, mujer trans y activista por los derechos humanos, coordina el área de servicios legales y psicológicos del observatorio. Este espacio brinda orientación a personas de la diversidad sexual y de género que han experimentado violencia o discriminación. Las intervenciones incluyen asesoría en casos de agresiones, acoso, violencia de género dentro de la comunidad, y discriminación laboral. También ofrecen apoyo a quienes deciden formalizar o no sus denuncias ante las instancias correspondientes.

Además de la atención individual, el observatorio impulsa espacios de encuentro y acompañamiento colectivo, como grupos de apoyo para personas trans, no binarias y queer. Estos encuentros buscan la conexión entre personas con realidades similares, fortaleciendo lazos emocionales y fomentando procesos de aprendizaje que promueven el respeto y la reducción de la discriminación.

Preocupación por la Disminución de Espacios

Sin embargo, la desaparición de muchos de estos espacios genera una profunda inquietud. «Cada vez son pocas las organizaciones que brindan estos apoyos y servicios, y muchas personas quedan desamparadas en el camino», alertó Solórzano. Aunque reconoció que «siempre» hay quienes pueden orientar hacia organizaciones activas, la limitación de estos espacios, ya sea por el contexto país o la falta de recursos, reduce las posibilidades de la comunidad LGBTIQ+ de tener lugares donde asistir, obtener información, reunirse y colaborar. «Muchas personas LGBTIQ+ buscan siempre participar y colaborar, unirse a la exigencia de los derechos», añadió la activista.

Sus percepciones coinciden con los registros de otras organizaciones y activistas, quienes advierten que la difícil coyuntura venezolana ha mermado la capacidad de respuesta de la sociedad civil. Quiteria Franco, coordinadora general de Unión Afirmativa, confirmó a El Nacional que la crisis ha afectado severamente a las ONG que trabajan con la comunidad LGBTIQ+.

Cierre de ONG y Crisis de Financiamiento

Franco informó que al menos 15 ONG dedicadas a trabajar con personas LGBTIQ+ han cerrado sus puertas este año. «Todas las organizaciones que surgieron entre 2019 y 2021, incluso las que tuvieron mucha participación pública, sobre todo entre 2022 y 2024, han desaparecido. Primero por la migración, luego por la persecución política y las amenazas», detalló.

A esta situación se suma el cierre del financiamiento. «A la emergencia humana compleja se ha sumado la reducción drástica de financiamiento hacia temas relacionados con género y personas LGBT. Si no hay financiamiento, difícilmente se puede seguir ofreciendo servicios», explicó Franco. Antes, muchas organizaciones ofrecían una gama más amplia de servicios, incluyendo atención psicológica y asesoría legal, además de grupos de apoyo y recolección de datos. Hoy, la inactividad de muchas de ellas impacta directamente a las personas LGBT que necesitan asesoría y un espacio de encuentro.

La incidencia política se ve también comprometida. «Incluso un trabajo como el que hace Unión Afirmativa, que siempre ha sido de incidencia. ¿Cómo puedes hacer incidencia ante un gobierno que no te escucha? Ni siquiera se reúne contigo, es decir, que tú le tocas la puerta y no te abre. Un gobierno al que tú vas y le entregas propuestas y ni siquiera te responde; al que le entregas datos y los ignora», cuestionó Franco.

Restricciones y Leyes de Control

La abogada Tamara Adrián, quien fue la primera mujer trans electa diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, vincula esta situación con las restricciones impuestas a las organizaciones de la sociedad civil. Recordó un encuentro previo con 80 activistas LGBTIQ+ de diversas tendencias políticas, donde al preguntar cuántos contaban con una estructura legal formalmente registrada, solo tres respondieron afirmativamente. De esos casos, dos habían reactivado ONG inactivas con objetivos sociales amplios para poder operar.

El gobierno promovió en 2023 la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, promulgada en agosto de 2024. Esta ley, diseñada para controlar el financiamiento internacional y reducir el espacio cívico, ha dificultado aún más la operatividad de las ONG. Adrián señaló que, desde su promulgación, solo cuatro ONG han logrado registrarse formalmente, y ninguna de ellas trabaja temas LGBTIQ+.

«Los registros se han negado históricamente. A mí me lo hicieron varias veces», afirmó Adrián. La diáspora y la persecución han reducido drásticamente el número de personas activas en el país. Las organizaciones dedicadas a los derechos LGBT en Venezuela enfrentan serias dificultades para acceder a financiamiento internacional, donaciones y proyectos. La negación sistemática de autorización para cualquier organización que aborde la orientación sexual, identidad de género o derechos humanos ha sido una constante en Venezuela durante al menos los últimos 20 años, según la exlegisladora. La situación actual deja a estas organizaciones en una posición precaria, asfixiadas por la falta de recursos y el control estatal.

Datos clave

La situación de las personas LGBTIQ+ en Venezuela pone de manifiesto un desafío mayor para la protección de derechos humanos y la participación ciudadana. La disminución de organizaciones de la sociedad civil y la falta de garantías estatales limitan el acceso a servicios esenciales y la capacidad de la comunidad para exigir sus derechos, impactando directamente en la vida diaria y el bienestar de miles de venezolanos.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/06/la-falta-de-proteccion-estatal-y-el-cierre-de-ong-agravan-la-vulnerabilidad-de-las-personas-lgbtiq-en-venezuela/