Familiares de personas privadas de libertad que se encuentran en centros de detención del litoral central de Venezuela han alzado su voz par

Familiares de personas privadas de libertad que se encuentran en centros de detención del litoral central de Venezuela han alzado su voz para denunciar presuntos actos de corrupción y un notorio retardo procesal dentro del Circuito Judicial Penal de La Guaira. Según los denunciantes, enfrentan demoras deliberadas en la programación y celebración de audiencias, así como obstáculos para concretar traslados de los reclusos desde los centros de detención. A estas quejas se suman señalamientos de supuestos cobros económicos para la obtención de medidas cautelares o beneficios procesales.

Estos señalamientos apuntan a prácticas irregulares que estarían ocurriendo especialmente en casos vinculados con el tráfico de drogas, afectando a reclusos de los retenes de Macuto y Caraballeda. Las denuncias recaen sobre funcionarios presuntamente involucrados en el sistema judicial penal de esta jurisdicción, la cual se encuentra actualmente bajo la dirección de la jueza rectora Dayanhara González Seijó.

Delitos y Cobros Indebidos

Las familias afectadas aseguran que los tribunales en La Guaira se han convertido en un foco de corrupción, particularmente en casos de personas detenidas por delitos de drogas, a menudo relacionadas con el aeropuerto de Maiquetía. «Estos casos se convierten en una mina de oro para algunos fiscales y jueces. Cobran por cualquier beneficio, incluso en casos donde hay personas que son inocentes y contra las que no tienen ninguna prueba», declaró la hermana de un trabajador aeronáutico, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias contra su familiar detenido.

Los familiares aclararon que su objetivo no es desconocer la posible responsabilidad penal de los acusados, sino exigir que los procesos judiciales se desarrollen conforme a las garantías establecidas en la ley. Piden que se celebren audiencias de manera oportuna, se respete el derecho a la defensa y se cumpla con el debido proceso. «Puede haber personas que tengan culpa, pero lo que pedimos es que se cumpla la ley. Que haya juicios, que se hagan las audiencias y que las familias no tengan que pagar dinero adicional para que el sistema funcione», expresó la madre de un privado de libertad recluido en el Retén de Macuto, quien también solicitó mantener su identidad en reserva.

Exigen Intervención Nacional

Ante esta situación, los familiares han solicitado la intervención de las autoridades nacionales, especialmente tras el anuncio de una revisión judicial impulsada por la administración de Delcy Rodríguez. Señalaron que a principios de junio se instaló una comisión para revisar casos de privados de libertad en el estado La Guaira. Según la información oficial, esta comisión evaluó alrededor de 470 expedientes y otorgó aproximadamente 70 libertades. Sin embargo, los denunciantes afirman que sus casos fueron excluidos, presuntamente porque son los que generan mayores ingresos a través de cobros irregulares por parte de abogados y fiscales.

«Nos dejaron por fuera, porque son los casos a los que más nos sacan dinero, los abogados y los fiscales», acotó la esposa de un detenido que espera la revisión de su causa en el retén de Caraballeda y pidió la reserva de su nombre.

Protestas y Demandas

Como consecuencia de estos señalamientos y la aparente exclusión de sus casos en las revisiones judiciales, se han llevado a cabo tres protestas en las últimas dos semanas frente a la sede de los tribunales del Circuito Judicial Penal de La Guaira, ubicada en la avenida La Playa, en Macuto. Los manifestantes exigen que se investiguen las denuncias sobre presuntos cobros irregulares dentro del sistema judicial regional y solicitan la destitución de la jueza rectora, Dayanhara González Seijó.

Los familiares insistieron en que muchas de las personas afectadas pertenecen a familias de bajos recursos económicos. Los retrasos procesales y los pagos exigidos representan una carga financiera considerable para sus hogares, y su única demanda es que los procesos judiciales avancen conforme a la normativa legal vigente en Venezuela, garantizando un acceso a la justicia equitativo.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Denunciantes | Familiares de privados de libertad |
| Lugar | Circuito Judicial Penal de La Guaira |
| Acusaciones | Corrupción, retardo procesal, cobros irregulares |
| Casos afectados | Principalmente vinculados a tráfico de drogas |
| Acciones | Protestas frente a los tribunales, solicitud de investigación |

La situación en el Circuito Judicial de La Guaira pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los ciudadanos en el acceso a la justicia y el cumplimiento del debido proceso. Las denuncias de corrupción y retardo procesal impactan directamente en la vida de los privados de libertad y sus familias, generando incertidumbre y cargas económicas adicionales. La exigencia de transparencia y celeridad en los procesos judiciales es fundamental para garantizar el estado de derecho y la confianza en las instituciones.

Fuente: Familiares de privados de libertad denuncian corrupción en Circuito Judicial de La Guaira – El Pitazo (https://elpitazo.net/regiones/familiares-de-privados-de-libertad-denuncian-corrupcion-en-circuito-judicial-de-la-guaira/)

Datos clave