Caso Pdvsa-Cripto: Juicio se centra en tecnicismos mientras el dinero y los bienes incautados permanecen en la sombra

La reciente audiencia del caso Pdvsa-Cripto en el Palacio de Justicia de Caracas ha puesto de manifiesto una paradoja institucional significativa. A pesar de que el Estado venezolano afirma estar persiguiendo una trama de corrupción multimillonaria, la sala de juicios evitó abordar los detalles cruciales sobre la cantidad exacta de dinero desviado, cuánto de ese patrimonio ha sido recuperado para la nación y quién está a cargo de la administración de los bienes incautados a los acusados. Esta omisión en un caso públicamente conocido por su impacto patrimonial histórico genera dudas políticas y debilita la comprensión pública del proceso judicial.

El objetivo de un juicio que se presenta como una lucha legítima contra la corrupción debería incluir, como un elemento fundamental, la transparencia sobre las pérdidas económicas, la recuperación de activos y la responsabilidad sobre lo faltante.

El Ministerio Público y el tribunal se centraron en responder a las diversas solicitudes presentadas por las defensas de los acusados. El fiscal Eddy Rodríguez solicitó que se declararan sin lugar las peticiones de anulación de las medidas de privación de libertad, argumentando que el Ministerio Público había presentado las prórrogas necesarias para mantenerlas. Asimismo, pidió el rechazo de pruebas complementarias propuestas por algunas defensas, al considerar que no aportaban elementos nuevos ni hechos conocidos posteriormente.

Alegatos de Tortura y Defensa de Derechos Humanos

Las defensas de los acusados plantearon diversas incidencias, incluyendo denuncias de violaciones a derechos humanos y alegatos de tortura. El Ministerio Público, por su parte, respondió a estas alegaciones señalando que no tenía conocimiento de denuncias formales presentadas ante la Fiscalía o la Defensoría del Pueblo, y que estos señalamientos no debían ser usados como base para solicitar la nulidad del proceso.

Sin embargo, el tribunal accedió a una solicitud para que el Ministerio Público iniciara una investigación sobre estas presuntas violaciones. Este punto es de gran relevancia, ya que la Constitución venezolana establece la obligatoriedad del respeto y la garantía de los derechos humanos por parte de todos los órganos del Poder Público, y prohíbe expresamente la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Constitución también dispone que el Estado debe investigar y sancionar estas violaciones.

La gravedad de este asunto se acentúa considerando que varios de los acusados llevan aproximadamente tres años privados de libertad. Solo en la fase de juicio han podido contar con defensores activos que han podido presentar formalmente incidencias, solicitar nulidades y denunciar las condiciones del proceso. Exigir una denuncia previa ante las instituciones estatales podría convertirse en una carga insuperable para quienes, presuntamente, han sido objeto de violaciones y no han tenido acceso a los canales de denuncia habituales.

Competencia del Tribunal y Proceso Judicial

La jueza Alejandra Verónica Romero Castillo, al frente del Tribunal Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, declaró sin lugar la excepción de falta de competencia alegada por las defensas, afirmando la jurisdicción del tribunal para conocer el caso Pdvsa-Cripto. Esta decisión plantea una interrogante sobre por qué un caso inicialmente presentado como de corrupción petrolera ha sido radicado ante una jurisdicción especial vinculada al terrorismo, la corrupción y la delincuencia organizada.

La jueza también rechazó la nulidad por falta de publicidad del juicio, argumentando que el tribunal de juicio no tiene la potestad de revisar actuaciones previas del tribunal de control. Asimismo, desestimó las excepciones planteadas por las defensas, las solicitudes de sobreseimiento, el control difuso, el decaimiento de las medidas privativas de libertad y las revisiones de medida.

La audiencia se prolongó con discusiones sobre prórrogas, nulidades, incidencias, traslados, medidas privativas de libertad, audiencias telemáticas, e incluso detalles como suéteres, guantes y autobuses accidentados, pero eludió la discusión central sobre el dinero y los bienes.

Datos clave
| Aspecto | Detalle |
|—|—|
| Caso | Pdvsa-Cripto |
| Tribunal | Tercero de Juicio con competencia en terrorismo, corrupción y delincuencia organizada |
| Denuncias de defensas | Violaciones a derechos humanos, tortura, aislamiento, restricción al derecho a la defensa |
| Posición Ministerio Público | Desconocimiento de denuncias formales, solicitud de rechazo de nulidades |
| Decisión del Tribunal | Inicio de investigación por presuntas violaciones de DDHH, rechazo de nulidades y sobreseimientos |

La relevancia de este caso para los ciudadanos venezolanos radica en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos y en la persecución de la corrupción. La falta de claridad sobre los montos económicos involucrados y el destino de los bienes incautados alimenta la desconfianza pública y debilita la percepción de justicia. La vinculación de un caso de corrupción petrolera a tribunales de terrorismo también genera interrogantes sobre el marco legal y las garantías procesales.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/06/caso-pdvsa-cripto-juicio-audiencia-dinero-patrimonio/

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