Corte de EE. UU. declara en rebeldía a Pdvsa en demanda de extrabajadores; Citgo se opone a medida cautelar

Una corte federal del Distrito Sur de Florida ha declarado en rebeldía a Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) y a su junta administradora ad hoc. Esta medida se produce en el marco de una demanda presentada por una extrabajadora despedida durante el paro petrolero de 2002 y 2003. Paralelamente, Citgo Petroleum Corporation, filial estadounidense de Pdvsa, ha presentado un escrito oponiéndose a una medida cautelar solicitada por la demandante para proteger activos en el litigio.

El caso, identificado como Lopenza c. Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) y otros (número 1:25-cv-25796-DSW), está siendo tramitado en la división de Miami y asignado a la magistrada jueza Detra Shaw-Wilder. Según las constancias del expediente público, el 11 de mayo de 2026, el secretario de la corte emitió una entrada de rebeldía contra Pdvsa y su junta administradora ad hoc. Esto se debió a que ambas entidades no comparecieron, contestaron ni respondieron a la demanda dentro del plazo legal establecido por las Reglas Federales de Procedimiento Civil de Estados Unidos.

Por que importa

Procesalmente, la rebeldía significa que estos dos demandados han perdido la oportunidad de defenderse en esta etapa del juicio y sus alegaciones en la demanda pueden ser admitidas como ciertas en su contra. Sin embargo, la rebeldía por sí sola no constituye una sentencia ni una orden de pago; la demandante aún debe solicitar y obtener una sentencia en rebeldía para que la decisión tenga efectos económicos.

Citgo Petroleum Corporation, el tercer demandado en el caso, no fue incluido en la declaración de rebeldía. La filial ha comparecido y mantiene una defensa activa a través de sus abogados. El 20 de mayo de 2026, Citgo presentó un escrito formal oponiéndose a la moción de medida cautelar promovida por la demandante. Dicha medida busca establecer un mecanismo de retención de bienes sobre activos vinculados a la estructura corporativa de Citgo, con el fin de impedir su disposición o transferencia mientras se resuelve el litigio. Días antes, el 19 de mayo, Citgo también había presentado su réplica en apoyo a una moción para que la corte desestime o suspenda la demanda, solicitudes que aún no han sido resueltas por el tribunal.

La demanda original fue interpuesta en diciembre de 2025 por Ysidra Lopenza, actuando en nombre propio. Tras una decisión judicial que negó su solicitud de litigar bajo seudónimo, la demandante continuó el proceso con su nombre real, haciendo el expediente público desde el 4 de mayo de 2026. El reclamo se relaciona con el despido masivo de entre 18.000 y 23.000 trabajadores de Pdvsa durante el conflicto laboral de 2002 y 2003, así como con el presunto manejo indebido de fondos de pensión y fideicomiso de prestaciones sociales.

Según los alegatos de la demanda, que constituyen afirmaciones de la parte actora y no hechos establecidos por la corte, Citgo Petroleum Corporation habría tenido participación en la persecución de los trabajadores. El escrito sostiene que ejecutivos de la empresa de refinación establecieron un centro de coordinación en el Hotel Eurobuilding de Caracas durante 2002 y 2003, y que se obligó a empleados que se encontraban legalmente en Estados Unidos a retornar a Venezuela bajo amenaza de revocación de visas. La demanda también vincula el destino de los fondos de los trabajadores con el esquema financiero de Francisco Illarramendi, quien es investigado en cortes estadounidenses.

Citgo Petroleum Corporation, por su parte, argumenta en sus escritos que la demanda debe ser desestimada. Hasta la fecha de esta nota, la corte no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. El proceso judicial se mantiene activo: dos de los tres demandados (Pdvsa y la junta administradora ad hoc) se encuentran en rebeldía, mientras que la filial Citgo mantiene su defensa y ha solicitado la desestimación del caso, pendiente de resolución. Es importante destacar que no existe aún una decisión definitiva ni orden de pago a los antiguos empleados.

Esta información se basa de manera exclusiva en los documentos del expediente público del caso número 1:25-cv-25796-DSW ante la corte federal del Distrito Sur de Florida. Las imputaciones contra los demandados son alegaciones que deberán ser probadas en un juicio; los demandados tienen derecho a defenderse y se presumen sin responsabilidad hasta que la corte resuelva lo contrario.

Desarrollo del caso y sus implicaciones

La declaración de rebeldía de Pdvsa y su junta administradora ad hoc en la corte federal de Florida marca un avance significativo en el litigio iniciado por Ysidra Lopenza. La ausencia de respuesta formal por parte de la estatal venezolana y su junta especial ante el tribunal implica que las alegaciones de la demandante, relacionadas con despidos y presuntas irregularidades en fondos de pensiones y prestaciones sociales, podrían ser consideradas admitidas en su contra. Este escenario deja a Pdvsa en una posición procesal desfavorable, limitando sus opciones de defensa en las etapas posteriores del juicio.

La situación subraya las complejidades legales y financieras que enfrentan las empresas estatales venezolanas en jurisdicciones extranjeras. La demanda, que se remonta a los eventos del paro petrolero de 2002-2003, pone de manifiesto las consecuencias a largo plazo de aquel conflicto y las disputas laborales asociadas. La extrabajadora busca compensación por despidos masivos y por el manejo de fondos que, según su alegato, debían proteger sus beneficios sociales y de jubilación.

Por otro lado, la activa defensa de Citgo Petroleum Corporation introduce una dinámica diferente en el caso. La filial estadounidense se ha desvinculado formalmente de la rebeldía de su matriz y ha tomado medidas para contrarrestar la demanda y la solicitud de medidas cautelares. La oposición de Citgo a la retención de activos sugiere que la empresa busca proteger su operativa y patrimonio, argumentando que no debe ser responsable por las acciones atribuidas a Pdvsa o a su junta administradora ad hoc, o que las alegaciones en su contra carecen de fundamento.

La vinculación de la demanda con el esquema financiero de Francisco Illarramendi añade otra capa de complejidad. Illarramendi, investigado en cortes estadounidenses por presuntas irregularidades financieras, podría tener conexiones con el manejo de fondos que son objeto de la disputa. Esto podría ampliar el alcance de la investigación y las posibles responsabilidades.

La importancia de este caso para los lectores en Venezuela y la diáspora radica en varios aspectos. Primero, pone de relieve las batalleas legales que Pdvsa y sus filiales enfrentan internacionalmente, las cuales pueden tener repercusiones en la recuperación de activos o en la resolución de disputas laborales y financieras. Segundo, la situación de Citgo, una de las principales refinerías en Estados Unidos, es un indicador de las tensiones y desafíos que rodean al sector energético venezolano y sus operaciones en el extranjero. Tercero, la demanda de extrabajadores resalta la continuidad de reclamos relacionados con conflictos laborales pasados, lo que puede ser de interés para miles de ex empleados y sus familias que buscan resolver sus situaciones de pensiones y prestaciones. Finalmente, la complejidad del proceso legal en EE. UU. demuestra la importancia de seguir estos desarrollos para comprender la situación patrimonial y legal de las empresas estatales venezolanas fuera del país.

Datos clave

El desarrollo de este litigio en una corte federal de Estados Unidos es relevante porque las decisiones que se tomen podrían afectar la estructura corporativa y los activos de Pdvsa y Citgo. La declaración de rebeldía de Pdvsa simplifica el camino para que la demandante obtenga una sentencia, aunque aún debe probar sus reclamaciones. La postura de Citgo, por su parte, busca delimitar su responsabilidad y proteger sus operaciones.

Fuente: El Nacional – https://www.elnacional.com/2026/06/corte-eeuu-declara-rebeldia-pdvsa-citgo-demanda/