Economistas venezolanos alertan sobre incapacidad para pagar deuda externa y urgen auditoría internacional

Expertos en economía han manifestado serias preocupaciones sobre la capacidad de la administración actual en Venezuela para afrontar la reestructuración de la deuda externa del país, que se encuentra en impago desde noviembre de 2017. Los economistas Manuel Sutherland y Alejandro Grisanti enfatizan la necesidad de una auditoría exhaustiva por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales antes de cualquier intento de negociación.

Esta advertencia surge tras el anuncio de la intención de iniciar el proceso de reestructuración de la deuda. Sin embargo, los analistas sostienen que la falta de legitimidad, la ausencia de personal técnico calificado y la situación de emergencia humanitaria que vive Venezuela hacen inviable un proceso transparente y beneficioso para la nación bajo las condiciones actuales.

Cuestionamientos a la Capacidad de la Administración

Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) y profesor de la UCV, explicó que una auditoría seria de la deuda requeriría al menos 8 o 9 meses. Este proceso es crucial para identificar cada bono y evitar perjudicar tanto a inversionistas honestos como a la nación con pagos excesivos. Sutherland subraya que la actual gestión no cuenta con la legitimidad de origen ni con la estabilidad temporal necesaria para llevar a cabo un proceso tan delicado y complejo. La deuda externa, estimada por Transparencia Venezuela en unos 170 mil millones de dólares, exige una revisión profunda que no puede quedar en manos de quienes, según el economista, «dilapidaron los recursos de Venezuela».

Además, Sutherland cuestiona la idoneidad del personal técnico actual para una negociación de esta magnitud. Mencionó la designación reciente del presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Luis Pérez, indicando que sus credenciales no son suficientes para un proceso de tal envergadura.

Prioridad: La Deuda Social

El economista argumenta que, ante la emergencia humanitaria catastrófica en materia salarial que atraviesa el país, dedicarse al pago de acreedores no es coherente ni la prioridad para la población. Sutherland es partidario de no realizar pagos de la deuda externa en este momento, abogando por priorizar la «deuda social» y la recuperación de la infraestructura. «Hay que comenzar a pagar la deuda legítima, la de servicios profesionales, industriales, acuerdos necesarios para adquirir maquinarias y equipos, recuperar la infraestructura y los relacionados con la deuda social enorme que se mantiene», afirmó.

Datos clave

Intereses de los Bonistas y Riesgos de Corrupción

Sutherland también advierte sobre el interés de bonistas de Pdvsa y otros acreedores de la República en iniciar el proceso de renegociación antes de un posible cambio de gobierno, buscando una mejor posición para negociar. En este escenario, considera que se debería negociar una quita de entre 70% y 80% de la deuda. De igual forma, alerta sobre el riesgo de corrupción si funcionarios del interinato, que supuestamente han hecho lobby en el pasado, buscan beneficiar a ciertos acreedores.

Para el economista, sería un «error histórico» iniciar pagos pronto sin una auditoría profunda. Insiste en que la democracia en el país es fundamental para abordar estos temas de la mejor forma. Temores de dejar al país más endeudado y de lastrar el crecimiento económico futuro son latentes si la actual administración acuerda pagos sin las debidas consideraciones.

Rol Fundamental del FMI y Organismos Multilaterales

Tanto Manuel Sutherland como Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, coinciden en que la presencia y participación del FMI y otros organismos multilaterales son indispensables para investigar y auditar la deuda actual. Esto sería crucial para evitar la opacidad, la falta de transparencia y la oscuridad en los pagos. Grisanti enfatiza que «la ruta correcta pasa por el FMI» y que, antes de cualquier negociación seria, Venezuela debe avanzar en la normalización institucional y estadística. Aunque el BCV ha vuelto a publicar cifras macroeconómicas, el propio instituto reconoce que los datos desde 2018 son «provisionales», lo que dificulta una evaluación precisa.

La preocupación es que la actual administración podría tener la intención de reconocer la totalidad de la deuda y endeudar aún más al país, privilegiando a bonistas «amigos». La presencia obligatoria del FMI se presenta como una medida para asegurar que el proceso no se realice de manera «extremadamente apresurada» y sin la debida diligencia.