Denuncian deterioro de salud de presos vinculados al caso Tancol en Venezuela

Denuncian deterioro de salud de presos vinculados al caso Tancol en Venezuela

Deterioro de salud de detenidos por caso Tancol

Familiares de personas privadas de libertad y defensores de derechos humanos de la organización no gubernamental (ONG) Surgentes han denunciado públicamente el alarmante deterioro en el estado de salud de un grupo de más de 60 detenidos en Venezuela. Entre los reclusos se encuentran 19 ciudadanos de nacionalidad colombiana. Estas personas permanecen tras las rejas bajo la acusación penal de integrar las estructuras de los denominados «Tancol», un acrónimo institucional acuñado por las autoridades para catalogar a presuntos «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

La ONG Surgentes, a través de su directiva, ha alertado sobre la situación, señalando que al menos 17 de los detenidos presentan problemas de salud, algunos de ellos de gravedad. Antonio González Plessmann, miembro de la junta directiva de Surgentes, declaró ante medios de comunicación durante una concentración pacífica frente a la sede principal del Ministerio Público en el centro de Caracas: «Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves».

Condiciones de reclusión y afecciones médicas

De manera generalizada, se ha reportado que la totalidad de los procesados por esta causa judicial experimenta cuadros severos de ansiedad y afecciones de diversa índole. La población reclusa sobrevive, según las advertencias de la ONG, «en unas condiciones de internamiento que no son las adecuadas». Entre las patologías recurrentes detectadas por los familiares y documentadas por Surgentes, sobresalen infecciones crónicas cutáneas y severos trastornos gástricos. Estos problemas de salud son la base para que al menos 17 de los internos califiquen formalmente para recibir medidas humanitarias o beneficios procesales sustitutivos de la privación de libertad.

Exigencia de celeridad judicial

Los manifestantes y representantes de la ONG acudieron a los despachos de la Fiscalía General de la República para consignar un pliego de exigencias centrado en demandar celeridad judicial. Antonio González también denunció que existen casos con condenas de hasta 30 años sin pruebas contundentes que las respalden.

Los allegados de los procesados han expresado su descontento ante la acumulación de entre cuatro y cinco años en prisión preventiva sin recibir una sentencia firme. Catalogan el proceso como un juicio injusto y viciado, negando categóricamente cualquier nexo de sus familiares con grupos irregulares o mafias del narcotráfico.

Menores de edad y detenciones masivas

Surgentes ha documentado que varios de los detenidos eran menores de edad al momento de su captura y cumplieron la mayoría de edad tras las rejas. De una lista detallada de 67 casos registrados por la ONG, solo dos personas han logrado recuperar su libertad plena. Sin embargo, estiman que el universo total de procesados bajo la etiqueta de «Tancol» supera los 200 ciudadanos.

El activista González Plessmann cuestionó la legitimidad de la política de seguridad fronteriza implementada durante los años en que se ordenaron las capturas. Sostuvo que el Gobierno venezolano creó el acrónimo «tancol» para justificar el combate a cualquier actor armado que no fuera el ELN (Ejército de Liberación Nacional), con el cual se mantenía alguna alianza en la frontera. En el marco de ese combate, afirmó, se detuvo a una gran cantidad de civiles ajenos al conflicto. Según González, los arrestos masivos de civiles se ejecutaron con el propósito propagandístico de inflar las estadísticas y mostrar supuestos éxitos operativos en materia de defensa.

Perfil de los detenidos y contexto político

De acuerdo con el monitoreo de la ONG, el perfil sociodemográfico de los detenidos corresponde a ciudadanos en situación de extrema pobreza económica, procedentes de comunidades rurales muy aisladas de la línea fronteriza. Los expedientes de este grupo de reclusos comenzaron a salir a la luz pública este año, favorecidos por la reconfiguración del contexto político y social que experimenta Venezuela.

Las familias de las víctimas guardaron un prolongado silencio durante años debido al temor generalizado a sufrir represalias institucionales, así como a la falta absoluta de recursos económicos para costear los traslados logísticos hacia los tribunales de Caracas. Ante la precariedad del proceso y la presencia de extranjeros en las listas, la ONG Surgentes ha elevado una solicitud formal ante el Gobierno de Colombia para que interceda diplomáticamente por la liberación y repatriación de sus connacionales.

Datos clave

Este caso pone de manifiesto las complejas realidades que enfrentan los detenidos y sus familias en Venezuela, incluyendo preocupaciones sobre el estado de salud, la duración de los procesos judiciales y las condiciones carcelarias. La denuncia de la ONG Surgentes y los testimonios de los familiares buscan visibilizar estas problemáticas y exigir respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades competentes. La situación subraya la importancia del acceso a la justicia, la atención médica adecuada para las personas privadas de libertad y el respeto a los derechos humanos.